El Gobierno «ya cuenta con instrumentos para enfrentar la crítica situación económica y social heredada», consideró un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas para el Desarrollo (FIDE) difundido hoy, que destacó que «las medidas apuntan a promover la desdolarización, la industrialización y el desarrollo con equidad».

«Con la sanción de la ley de Emergencia Económica, el Gobierno garantizó un conjunto de instrumentos y condiciones para abordar la difícil situación macroeconómica y social heredada», indicó el informe de enero de FIDE.

En ese sentido, apuntó que «se inscribe la decisión de eliminar impuestos a operaciones financieras que involucren instrumentos en pesos, como plazos fijos o títulos públicos; el espíritu de las medidas busca moderar la salida de divisas, pero también es consistente con el objetivo de promover una desdolarización de la economía».

La nueva política de ingresos «debería generar una progresiva recomposición de la capacidad de gasto de los hogares, viabilizando una mejora en el consumo interno», según el reporte.

«La posibilidad de que el sector empresario pueda maximizar el impacto de esa mayor demanda en un contexto de elevada capacidad instalada ociosa está condicionada por la enorme asfixia financiera que enfrenta el sector», agregó.

En ese marco, figura el impulso de una moratoria que permite a las Pyme financiar deudas impositivas con quitas en los intereses acumulados y un período de gracia, «mismo sentido que orienta la decisión del BCRA de reducir la tasa de referencia y recuperar el uso de mecanismos para impulsar el crédito productivo».

Asimismo, las regulaciones en el mercado de cambios «resultan coherentes no sólo frente a la urgencia de mantener estables las principales variables macroeconómicas sino también con el desafío de mediano plazo de la desdolarización, la industrialización y el desarrollo con equidad».

En el plano fiscal, el informe sostiene que el camino que tomó el Gobierno es «no ser un factor contractivo adicional sobre la ya golpeada actividad económica».

«El paquete de medidas y la política de aumento del gasto social inyectan un volumen significativo de recursos, pero a la vez se busca que se autofinancie cobrando impuestos en aquellos sectores con suficiente capacidad contributiva», concluyó el informe.