Por Esteban Guida

En los últimos años los trabajadores se han visto gravemente perjudicados por las decisiones de política económica llevadas a cabo por el gobierno de Cambiemos. Esto no solo tiene que ver con la negativa a eliminar el impuesto a las ganancias, como había prometido Macri durante la campaña presidencial, sino, mucho peor, con el deterioro en las condiciones de acceso al trabajo y la pérdida en el poder adquisitivo del salario.

La caída en la actividad económica, la fuerte y sostenida retracción en los sectores que más empleo demandan a nivel nacional, los despidos masivos en distintas ramas, la devaluación que altera los precios relativos, los altos niveles inflacionarios y el aumento de las tarifas de servicios públicos y combustibles, son parte de un combo que viene afectando directa o indirectamente a toda la actividad privada y a los trabajadores en general.

Si bien se espera que la tasa de inflación del mes de junio sea menor al del mes pasado (en gran medida por la caída en la cotización del dólar, en torno al 5%), la inercia inflacionaria continúa presionando, haciendo que el salario real siga a la baja. Según el Instituto Estadístico de Trabajadores (IET) la tasa inflacionaria de junio rondará el 2,7% mensual, acumulando un 55,7% en términos interanuales. En función de estos datos, el poder adquisitivo de los trabajadores se desplomó 8,8% en el último año, acumulando diecinueve meses de caídas consecutivas. Por eso la mencionada institución declaró que se trata del “nivel más bajo en más de diez años”.

Desde el comienzo de gestión presidencial de Mauricio Macri el salario de los trabajadores se ha visto fuertemente afectado. En 2016 se registró una caída del 2,8% que en el 2017 (único año no recesivo en el gobierno de Mauricio Macri) logró recuperar un 2,2%. Pero en diciembre de 2018 se había desplomado un 15,4% con respecto a igual mes del año anterior. Sin dudas, la devaluación del 100% y la inflación cercana al 50% tuvo su contrapartida en el salario de los trabajadores, que terminó el año 2018 con una fuerte caída del salario real producto de las medidas económicas impuestas, sobre todo a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Lo cierto es que luego de este lamentable antecedente no hay indicios ni intenciones de parte del gobierno de revertir el deterioro de los salarios reales. Algunos factores abonan esta presunción: Por un lado, el FMI (real decisor de la política económica nacional) sigue exigiendo la contracción económica como medida (drástica) para cerrar el déficit externo. Esto a su vez profundiza la recesión, lo que deprime aún más la demanda de trabajo. Paralelamente, la política monetaria, con sus tasas de interés prohibitivas para cualquier negocio, obstruyen las chances de que se reactive la inversión real, importante dinamizador del trabajo y generación de valor. Como consecuencia de ello, el nivel de desempleo continúa en ascenso, llegando en el primer trimestre del 2019, a una desocupación del 10,1%, un punto porcentual más que en el primer trimestre del año pasado.

El círculo vicioso de ajuste, recesión, desempleo y desfinanciamiento público está nuevamente presente, reeditando los escasos y olvidables días del gobierno de Fernando De la Rúa. En ese entonces, el “ministro de los fracasos” (suficientes para obtener hasta el día de hoy reiterados contratos de trabajo en diversos organismos internacionales), José Luis Machinea, intentó salir de la recesión con más ajuste ortodoxo, haciendo énfasis en la flexibilización laboral como un medio para rebajar los salarios. Su fallida gestión cumplió algo más de un año; la del gobierno del que formó parte, apenas dos.

Los antecedentes hablan por sí solos. Si se sigue gobernando en contra de los trabajadores y de los sectores más humildes del país, el desenlace será el mismo de siempre. La situación amerita un cambio profundo que permita volver a una relación de justo reparto del esfuerzo y de la renta nacional entre trabajo y el capital. Cualquier otra cosa, es puro maquillaje.