El contexto macroeconómico complica a algunos sectores de servicios como es el caso de la salud, según un estudio de las economistas María Laura Caullo y Rocío Cerino, del instituto Ieral de la Fundación Mediterránea.

Las especialistas expresaron que la fuerte suba del tipo de cambio, su impacto sobre la inflación y el salario real, la caída del consumo masivo, el aumento significativo de la tasa de interés, y la menor expansión del crédito, entre otros factores motivaron la caída de la actividad económica.

Consideraron que estos hechos mantienen sus efectos en 2019 y que los que sufren en mayor medida el contexto actual son aquellos sectores cuyos precios no están ligados al tipo de cambio, pero sí una porción importante de sus insumos. «El sector salud es un buen ejemplo entre los afectados negativamente por esta variedad de inconvenientes», dijeron.

En particular, «los servicios de salud constituyen uno de los sectores más importantes en cuanto a generación de empleo en Argentina, evidenciando un crecimiento constante en la creación de puestos formales y en sintonía con indicadores de elevada productividad y formación profesional de sus trabajadores», manifestaron.

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Además señalaron que poseen un significativo impacto en la calidad de vida de la población. El sistema de salud de gestión privada atiende a más del 50% del total de la población argentina, en que el 60% de las instituciones de salud son privadas.

Así «el financiamiento del sistema está estrechamente vinculado a los aportes a la seguridad social que realizan trabajadores formales, y por ende los precios de las prestaciones normalmente siguen una evolución similar a sus retribuciones».

«Es por esto que en años de caída del salario real (como ocurrió en 2018), también suelen contenerse las subas de precios en las prestaciones sanitarias, aun cuando los costos suban en mayor medida», indicaron.

Asimismo, destacaron que «existen significativos retrasos y descalces entre el momento en que las clínicas y sanatorios brindan servicios a sus pacientes y el posterior cobro de las prestaciones a los financiadores institucionales (obras sociales, mutuales, prepagas, seguro de salud, entre otras)».