Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – El especialista en Seguridad Social, Miguel Ángel Fernández Pastor denunció en el marco de los anuncios que realizó el titular de la cartera de Hacienda, Hernán Lacunza, que “mientras todos hablan de la restricción de capitales, la misma resolución que estableció el «cepo» permitirá a las empresas que tengan bonos de deuda pública defaulteada usarlos para pagar cargas sociales y se los tomará al “valor técnico calculado a su vencimiento”.
Esto implica que una empresa pueda comprar bonos de deuda pública a $20 o $30 pesos y, la AFIP se los tomará a $100, perdiendo así la Anses y el Pami, entre un 70 y un 80% de lo que se debería haber recaudado en concepto de cargas sociales. “Un favor más que el gobierno neoliberal le hace a sus amigos antes de irse, a costa de los más vulnerables”, afirmó Fernández Pastor.
En el mismo sentido, el letrado advirtió que esta practica es sistemática, y refiriéndose a los fondos del blanqueo de capitales que debieron, por ley, formar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, apuntó que “fueron vehiculizados a través de una cuenta trucha, porque en realidad deben ser parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad».
En dialogo con Conclusión, Fernández Pastor, indicó que «los jubilados contaban con 66 mil millones de dólares cuando terminó el gobierno de Cristina», hoy quedan 33 mil millones, sin embargo se desconoce que sucedió con los 11 mil millones que debían ingresar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.
La pérdida real del Fondo de Garantía De Sustentabilidad «es de 44 mil millones de dólares, se la gastaron en la timba financiera, y en los negocios de Caputo, Blaquier y Basavilbaso», y «todo esto no hubiera sido posible sin la complicidad de los fiscales, jueces, camaristas y los ministros de la Corte de Justicia de la Nación», advirtió el especialista.
Si de prácticas espurias se trata, cuando se discutió el blanqueo, el director ejecutivo de Anses dijo que «con el dinero del blanqueo se daría respuesta a 2 millones cuatrocientas mil beneficios», pero solo ingresaron a la reparación histórica 790 mil y «ahora no hay nada, este año en junio se debitaron 20 mil millones de pesos y se están descontando 10 mil millones de pesos mensuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para pagar gastos corrientes», expresó el ex director de Anses.
El especialista explicó que el Gobierno «se creyó con tal grado de impunidad que se apoderó de la plata del sinceramiento fiscal o el blanqueo -que es lo mismo- y la usaron para cubrir déficit y cuando quisieron reponerla no pudieron, de allí que entraron en el juego de la mentira».
Para el abogado esto es muy grave, «hay once mil millones de dólares que no se sabe dónde están. Los gastos actualizados de Anses alcanzan para pagar toda la reparación histórica, pero para poder hacerlo gastaron once mil millones de dólares, es decir que si ese monto se lo tenía, donde fue a parar, es necesario que expliquen que pasó».
El artículo tercero del decreto 897 que crea el fondo de Garantía de Sustentabilidad, establece que los fondos del blanqueo o del régimen de sinceramiento fiscal vayan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Al respecto el especialista sostuvo, «esto se trata mínimamente de malversación de Fondos».
Fernández Pastor, expresó que realizó varias denuncias, en septiembre de 2016 presentó un amparo con una medida cautelar que fue otorgada en primera instancia, pero revocada posteriormente por la sala tercera integrada por los doctores, Fasciolo, Laclau y Milano, no obstante la medida, «el amparo se encuentra en los cajones de la Corte Suprema durmiendo el sueño de los justos» y agregó «que el máximo tribunal debe resolver si el juez natural de la causa es el doctor Juan Fantini del Juzgado Federal de Primera Instancia número 6 o su par del juzgado numero 2, Fernando Strasser».
Asimismo, a mediados de 2018 Fernandez Pastor, presentó una medida cautelar autónoma, que recayó en el juzgado del Doctor Juan Fantini, quien dijo haberse expedido sobre la cuestión y rechazó la medida. El expediente recayó en la Sala Tercera, que adhirió al dictamen del fiscal Juan Carlos Paulucci hijo, y hasta aquí «de acuerdo a derecho», revocó la sentencia del Juez de Primera Instancia, ya que las medidas cautelares interpuestas en 2016 y 2018, no solicitaban lo mismo, como lo entendía el Juez.
El expediente volvió a primera instancia y Fantini volvió a rechazar por el mismo motivo la medida cautelar, increíblemente y esta vez contrario a derecho el doctor Juan Carlos Paullucci hijo (fiscal de Cámara) realizó un dictamen contradiciendose, ya que sostuvo que las medidas cautelares se confundían entre sí. Por su lado, los magistrados de la Sala Tercera, ratificaron lo dictaminado por el fiscal. Esto en el Código Penal Argentino se llama prevaricato.
