En una entrevista exclusiva y a fondo con Strip, el funcionario cuestionó con dureza y precisión el acuerdo que hace unos días alcanzó el ministro Martìn Guzman con el fondo BlackRock y los acreedores de la Deuda Externa con legislación extranjera. “La negociación no ha resuelto el problema. Lo que ha hecho es despejar los vencimientos del periodo gubernamental hasta el 2023-24. A partir del 2025 este tema volverá a ser un tema sumamente complejo” advierte desde sus oficinas del Banco Nación el economista. Quien además confirmó que el acuerdo incluye la eliminación de las Cláusulas Acción Colectiva (CAC) o anti buitre que favorecen al país a la hora de renegociar la deuda externa.

-Bueno, como obviamente sabe, el gobierno de Alberto Fernández hace unos días llegó a un acuerdo con los principales tenedores de bonos de la deuda externa Argentina, entre ellos BlackRock. ¿Cuál es su conclusión?

-Uno podría mirar tres cuestiones. La primera, el acuerdo implica que el gobierno se sacó de encima una cantidad muy importante de vencimientos. Los más inmediatos que tenía en materia de deuda. Eran 26 mil millones de dólares que se debían pagar durante el periodo 2020-2024 y el acuerdo implica pagar solamente unos 2080 millones. Así que en este sentido es una reducción significativa. Es el 7% de los vencimientos que estaban previstos. Además, si uno supone que el tratamiento para la deuda de legislación local va a ser exactamente la misma, el total de vencimiento con los acreedores va a ser muy bajo. Y si uno proyecta esto también a la discusión con el fondo, te diría que de los 98 mil millones de dólares de vencimientos que Argentina tenía para estos tres años, ahora, en todo los caso, serían 7900 millones. Por lo tanto le da oxígeno al gobierno. Que se expresa en menor presión sobre las cuentas públicas y mayor disponibilidad de dólares. Ambas cosas imprescindibles para poner en marcha un proceso de recuperación económica. Esa es la ventaja.

-¿Y las desventajas?…

-Bueno ahí está el segundo punto, y es que la discusión con el Fondo Monetario aún no empezó. Y la discusión no solo es posponer los vencimientos, sino el tipo de condicionalidades que el acuerdo con este organismo le puede plantear a la política económica. Y que puede terminar ahogando las posibilidades de la recuperación Argentina. Estas condicionalidades, junto a otras reformas como la laboral o previsional, pueden ser un obstáculo realmente complicado a la hora de pensar una estrategia de recuperación que de respuestas a la necesidad de redistribuir ingresos y contener la situación social, en una Argentina que va a estar saliendo de la pandemia con un deterioro social brutal con más del 45% de la población bajo la línea de pobreza y una caída de la actividad económica que rondará entre 12 y 15%. En este sentido, este es un segundo punto que no está resuelto. Y donde el gobierno necesita garantizar que el Fondo no se inmiscuya en la política económica que lleve adelante.

-¿Y la tercera cuestión?

-La tercera es que pasado el plazo de los tres años, a partir del 2025, los vencimientos de deuda empiezan a ser cada vez más importantes. Y la Argentina puede que tenga que salir al mercado a tomar deuda nueva para cancelar el capital adeudado. Con lo cual, la mochila de la deuda sigue intacta. Sigue como condicionante estructural. O sea que la negociación no ha resuelto el problema. Lo que ha hecho es despejar los vencimientos del periodo gubernamental hasta el 2023-24. A partir del 2025 este tema volverá a ser un tema sumamente complejo. Y esto no es por casualidad. Sino por el hecho que Argentina tiene una deuda cuyas características es que ha sido tomada en condiciones de absoluta ilegitimidad. Con tramos de ilegalidad.

-Pero si la deuda es “ilegal”, “un condicional estructural”, ¿por qué el gobierno llegó a este acuerdo? ¿Por qué no se investigó?

-En este contexto, yo creo que se ha perdido una importante oportunidad. Creo que la derrota política de Macri, el fracaso económico de su gestión había puesto sobre el escenario una oportunidad única. En primer lugar porque el propio Macri ya había suspendido los pagos. Por lo tanto, a mi siempre me resultó inexplicable porque el gobierno empezó a pagar y entablar una estrategia de negociar de “buena fe”. De ser “amigables” con los mercados esperando que eso genere algún tipo de resultado. A pesar que la experiencia histórica marca que los mercados no responden a esta suerte de tratamiento “amigable”. De hecho cuando Argentina hizo su primera propuesta que era más interesante que con la cual terminó acordando los mercados le dijeron no. Y desde que empezó la negociación para acá Argentina resignó 13 mil millones de dólares. Qué es lo que tiene que poner de más en esta última propuesta respecto a la primera.

-¿Y por qué se insiste con estrategias que no resuelven el problema?

-Me parece que tienen una autolimitación que los gobiernos asumen que no se puede discutir con el capital financiero. Ni con los organismos multilaterales. Creo que esto es un error. Creo que no se convoca políticamente a la sociedad. Cuando hay un consenso mayoritario para suspender los pagos de deuda pública y poner en marcha una investigación en profundidad. De hecho, el propio presidente en la apertura de sesiones extraordinarias planteó la necesidad de la investigación. Cosa que no se llevó adelante. Incluso la propia vicepresidenta en su presentación en Cuba del libro que es de su autoría, también reclamó la creación de una comisión que investigue el tema del endeudamiento. Bueno esa comisión sigue sin existir. Y la verdad es que es imprescindible.

-¿Qué argumentos tendría el gobierno para poner en marcha esa comisión?

-Acá hay un conjunto de procedimientos administrativos, jurídicos, constitucionales, que en distintos tramos de la historia del endeudamiento, y también en el último tramo de la gestión de Macri, no se han cumplido. Que merecen ser cuestionados. Y que por lo tanto, Argentina, podría en ese marco, en primer lugar: dar de baja una parte del endeudamiento. En otros, poner bajo investigación aquellos funcionarios que de alguna manera han estado de los dos lados del mostrador, hipotecando el futuro del país y de manera tal de terminar con la impunidad.

Y por último, también se puede identificar a aquellos actores que se han beneficiado directamente con este proceso de endeudamiento para que el pago de aquellos compromisos que haya que garantizar, sean absorbidos por aquellos que hicieron del endeudamiento un negocio. Porque acá tenemos una situación donde por un lado, hemos reanudado pagos, seguimos manteniendo la mochila, y aquellos que fugaron divisas tienen capacidad económica, ni siquiera hoy están tomados por el impuesto a las grandes fortunas. Que fue un planteo realmente importante que sigue sin discutirse.

-¿Y cómo tomas que Macri, Caputo, los principales responsables del endeudamiento de los últimos tiempos aplaudan, este acuerdo de Guzman?

-Aplauden el acuerdo porque es beneficioso para los acreedores. Dado que Argentina se compromete a garantizar el pago de intereses a tasas que hoy son superiores a las de nivel mundial. Y al mismo tiempo no les ha hecho ninguna quita de capital. O sea la mochila de la deuda sigue prácticamente en los mismo términos.

-Se patearon pagos digamos…

-Se postergaron vencimientos que teníamos comprometidos para el periodo 2020-2023. ¿Eso nos sirve? Siempre y cuando en la discusión con el fondo, este no nos imponga condiciones que haga que este oxígeno no pueda ser utilizado a favor de una política de redistribución de ingresos, de ampliación del mercado interno.

-Pero todos sabemos que las políticas del Fondo históricamente son de ajuste. ¿Por qué crees que ahora va haber un cambio?

-Yo no creo que haya un cambio. El Fondo tiene las características que tiene. Lo que sí es cierto es que Argentina tiene una situación social sumamente compleja. Y por lo tanto, el gobierno tiene la posibilidad de ampliar su respaldo político para negociar con el Fondo de otra manera. Porque el Fondo ha cometido serios errores en su último crédito. Le prestó a la Argentina prácticamente la mitad de la cartera de su crédito; lo hizo en situaciones de absoluta irregularidad; violando su propio estatuto que le prohíbe prestar a países en situación de fuga de capitales. Por lo tanto, digo que el Fondo ha cometido suficientes errores como para que la Argentina logre una negociación exitosa preservando su independencia a la hora de decidir su política económica. Esa sería la negociación lógica que el gobierno debería hacer. Igual me preocupan algunas señales. Que no pueden ser entendidas como otra cosa que señales al Fondo Monetario Internacional

-¿Como por ejemplo?…

-Como el tratamiento de la cuestión de los jubilados. El hecho que el gobierno haya suspendido la movilidad previsional, en el momento donde por primera vez esa fórmula iba a darle a los jubilados un aumento de su poder adquisitivo, no puede ser leída como otra cosa que un gesto a la política del Fondo.

-Fue un primer guiño digamos.

-También el último aumento de julio, ya donde directamente siquiera el gobierno le otorga una mejora adicional al haber mínimo, compromiso que había tomado, es un gesto en esa dirección. Además, me preocupa que en los últimos días están apareciendo algunos planteos respecto a descongelar el precio de los combustibles.

-Ya se habla de descongelamiento de las tarifas…

-Las tarifas, también. Pero vuelvo a insistir, si la recuperación de la actividad económica es una ampliación del mercado interno, obviamente hay que poner distancia de las políticas del Fondo. Porque por esa vía no vamos a ningún lugar.

-Uno de los puntos más polémicos que tiene este acuerdo con los acreedores, es que en él se estipuló eliminar las cláusulas “anti buitres” o CAC (Cláusulas Acción Colectiva) ¿Es así?

-El acuerdo que se alcanzó estipula en que el gobierno cambie estas cláusulas. Si no las cambia no hay acuerdo. Por eso el acuerdo todavía no está cerrado. Depende de eso. Y el gobierno lo ha incorporado, es una cláusula donde el gobierno establece que va a aceptar las sugerencias de los acreedores y la comunidad financiera internacional, con el Fondo en este punto. O sea que Argentina ya concedió algunas cosas y ahora, va a aceptar las sugerencias que le planteen los propios acreedores en término de modificación de estas cláusulas.

-¿Y estas cláusulas o CAC en que beneficia a Argentina?

-Permitían una mayor facilidad para la construcción de mayoría con los acreedores en futuras renegociaciones. Lo cual está indicando con claridad que no quieren modificaciones en ese sentido, porque saben perfectamente que a partir del 2025 Argentina volverá a discutir el tema de la deuda. Dado que el oxígeno, a partir de allí se hace muy complicado. Los vencimientos son muy abultados. Y Argentina debería volver al sistema financiero internacional para tomar deuda nueva.

-Usted es un histórico referente del pensamiento económico nacional y un gran conocedor del tema de la deuda externa, al respecto, ¿el presidente lo consultó en algún momento sobre este acuerdo al que finalmente llegaron con los acreedores?

-El presidente sabe lo que pienso. Y yo nunca tuve nada que ver con el camino adoptado. Esto ha sido manejado en el marco de lo que ha llevado adelante el ministro Martín Guzmán, con el apoyo en algunos momentos de Sergio Massa, por las relaciones que tiene con distintos actores del sistema financiero internacional. Nosotros somos una fuerza política (Unidad Popular) que integra el Frente de Todos hemos planteado desde un comienzo la necesidad de plantear esto de otra manera.

Nos parecía que había condiciones políticas para mantener los pagos de la deuda suspendidos. Ya que Macri los había suspendido y declarado en default. Aparte el propio Alberto Fernandez habia planteado esto en la campaña. Y que esto tenía que ser acompañado con una investigación de la deuda pública. Y en el marco de estas dos definiciones correspondía establecer la negociación. Esta era nuestra recomendación. El gobierno siguió otro camino. Que fue plantear una estrategia de buena fe con los mercados. Y en segundo lugar, un acuerdo con el fondo, tras negociar con los bonistas.

De la deuda externa a la deuda de Vicentín

-Al tema del acuerdo con los acreedores se sumó a la renuncia del gobierno a la expropiación de la cerealera Vicentín, tema del cual usted, desde el directorio del Banco Nación fue uno de sus principales impulsores. ¿Estuvo de acuerdo con esta reculada?

-Me parece que a partir del momento en que intervino el gobernador Perotti planteando la necesidad de intervenir y no expropiar, tanto el gobierno nacional y provincial quedaron enredados en el pago chico de Vicentin. Ahí en Reconquista que es un ámbito donde Vicentín tiene un elevado control sobre las instituciones. Incluso un elevado control sobre el juez del concurso. Y que es un juez que está apañando todas las irregularidades de la empresa. Que hasta el momento no ha entregado el balance del año 2019.

Así, la cosa terminó pasando de un planteo de intervención y expropiación, donde el propio juez no acató un decreto presidencial, y tampoco le dio lugar a la intervención propuesta por el gobierno de Santa Fe, y terminó a audiencias de mediación donde había que preguntarle a los dueños de la empresa si estaban de acuerdo con que se los interviniera. Lo cual era un despropósito. Y ante esta situación extorsiva el gobierno nacional entendió que no tenía más margen para intentar seguir avanzando. Eso terminaba en un acuerdo con Vicentin para salvarle sus intereses. Y ahí es donde se produce la derogación del decreto.

-Uno cuando escuchaba los argumentos del gobierno parecían razonables, entonces ¿en qué se falló?

-Creo que hubo una suerte de improvisación por parte del gobierno, al plantear la expropiación sin haber construido las condiciones políticas para llevarlo adelante. Y esto era, haber hecho público con mayor difusión la estafa generalizada a trabajadores, productores y banca pública, los dueños de Vicentin. Y esto también implicaba un acuerdo con los 1.800 productores que han sido defraudados por Vicentín; con las 98 cooperativas que han sido defraudadas; con los 7 mil trabajadores que tiene la empresa que viven una situación de incertidumbre respecto a su futuro laboral.

Todos estos acuerdos deberían haber sido construidos con antelación, así como las investigaciones y demandas de la AFIP y la UIF. Todas las cosas que debieron haberse hecho con antelación a la decisión a expropiar, se comenzaron a hacer después. En ese sentido me parece que no se construyó el consenso necesario para avanzar. Y eso le dio espacio al poder económico de Argentina para que defienda su lugar en el comercio exterior. Porque Vicentín no era cualquier cosa. No se dimensionó la batalla política que implicaba tomar control sobre una empresa, que es la número seis, en el comercio exterior de granos de nuestro país. Y que implicaba la posibilidad de controlar lo que antes no podía controlar.

-¿Y esta batalla también está perdida?

-El gobierno decidió activar todas las herramientas de Estado, AFIP, Unidad Comercio Financiera, Banco Nación, y todos los organismos competentes para avanzar judicialmente sobre Vicentín. A la vez, los propios acreedores extranjeros, están presentando causas en New York, Suiza para investigar el destino de los fondos. Hay causas en Rosario. Hay una causa penal y trabajadores de la algodonera Avellaneda que están en una situación de acampe desde hace varios días. Por eso me parece que pueden volver a aparecer, si se quiere, condiciones.

De hecho nosotros creemos que es lo que se debería hacer para retomar el rumbo. Porque la verdad es que la incertidumbre respecto al futuro laboral de esta empresa, y la amenaza de extranjerización o de mayor concentración del comercio de granos, que fueron las razones principales que le dieron motivos a la expropiación, siguen presentes. Así que me da la sensación que puede haber una necesidad de una vuelta a la intervención del Estado. Sobre la base de un mayor consenso construido previamente.

Fuente: stripteasedelpoder.com