El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás con la imposición de Bienes Personales sobre los inmuebles rurales.
Así, los campos cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas no tributarán el impuesto. Pero sí lo harán aquellos inmuebles que estén en manos de sociedades que ahora pagarán una alícuota del 0,25%.
Este impuesto nuevo a todo tipo de sociedades dispuesto en el Presupuesto (que obtuvo 130 votos afirmativos) se aplicará a partir de 2019 sobre la base de las valuaciones fiscales determinadas por las autoridades provinciales de cada jurisdicción. La presión tributaria al agro subió más de diez puntos y llegó al 91% de la ganancia.
Si avanzaba el plan inicial del Ministerio de Hacienda, un campo de 2 millones de dólares (unas 200 o 300 hectáreas en la zona núcleo pampeana) pagaría a partir del año que viene alrededor de 600 mil pesos en concepto de Bienes Personales.
>Te puede interesar: Macri evalúa retenciones del 33% a la soja y los productores salieron al cruce
Ante la negativa de dar marcha atrás, directivos del área de Economías Regionales de la CAME mantuvieron una serie de conversaciones y reuniones con diputados y gobernadores para explicarles el daño que generaría la medida.
La principal preocupación de los complejos agropecuarios pasó porque la imposición de Bienes Personales sobre los campos generaría un fuerte aumento de los arrendamientos rurales en un contexto de caída de la rentabilidad por la suba de costos productivos.
«El 70% de la agricultura en nuestro país se produce en campos alquilados», comentó Eduardo Rodríguez, presidente de Economías Regionales de CAME. «Estamos conformes porque las autoridades entendieron el perjuicio que esto causaba», agregó.
El proyecto original que gravaba a los inmuebles rurales también causó el rechazo de diputados del PRO como Pablo Torello y Cornelia Schmidt. También se opusieron al plan original Marco Lavagna y el socialista santafesino, Luis Contigiani.
