Por Esteban Guida
A medida que pasan los meses, los indicadores que surgen como consecuencia de las medidas implementadas por el gobierno nacional confirman la definición política de Cambiemos respecto al trabajo y su peso en el reparto de la riqueza nacional.
En uno de sus últimos informes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó los datos relativos al desempleo, mostrando un incremento preocupante en la cantidad de personas que sin éxito buscan trabajo. En efecto, el índice de desempleo a nivel nacional alcanzó el 9,2% de la Población Económicamente Activa, pero en algunos grandes aglomerados urbanos, como el caso del Gran Rosario, la cifra llega al 10,3% en el primer trimestre del 2017.
Las estadísticas reflejan con claridad que el esquema económico impulsado con precisión y contundencia por el gobierno de Cambiemos, tiene dos implicancias directas: una de tipo económico, cual es la caída en la participación del trabajo en el reparto de la renta nacional; la otra, de carácter político, refiere a la menor incidencia de los sindicatos en las decisiones relativas a la marcha de la política económica y al diseño de la estrategia de desarrollo nacional, cuestiones sobre las que los trabajadores supieron hacer un aporte fundamental en el pasado.
Un reciente informe del INDEC aporta nueva información respecto a esta cuestión. Se trata del Informe sobre Salarios que publica el organismo oficial, en el que se exhibe un incremento promedio en los salarios pagados a los trabajadores registrados del 32,9 por ciento (33% privados y 32,6% estatales) durante el año 2016.
Al contrastar este dato sobre la variación del promedio de salarios pagados por empleos registrados a nivel nacional con las mediciones oficiales de inflación, se confirman las advertencias sobre la caída del salario real en Argentina a partir de la llegada del gobierno de Cambiemos: Si la inflación estimada por el INDEC para el año 2016 superó el 40 por ciento, el poder adquisitivo de los salarios tuvo en tan sólo un año una caída superior al 6 por ciento.
Es de suponer que este deterioro en las condiciones de trabajo hayan sido aún más gravosas para quienes enfrentan condiciones de precariedad laboral o trabajo no registrado. En este sentido el informe del INDEC no aporta datos relativos al año 2016, puesto las variaciones en los salarios pagados en el sector privado no registrado comenzaron a realizarse a partir de Noviembre de 2016. Pero si se toma los cuatro meses publicados (noviembre 2016 a febrero 2017) y se lo compara nuevamente con la inflación oficial, la pérdida que sufrieron éstos es de 2,4% en tan sólo 4 meses.
Este fenómeno se enmarca dentro de un proceso de cambio que está afectando la oferta y demanda de trabajo. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo del salario y la creciente desocupación generan un incremento en la oferta de trabajo, cuestión que si se la acompaña con una mayor dureza en las negociaciones salariales y cierto relajamiento gubernamental a la hora de defender los puestos de trabajo, induce a una caída en los salarios nominales aceptados por los demandantes de trabajo. Es el efecto “productividad” que se logra por la vía de ello, genera una transferencia de recursos en favor del sector empresario, a costa de los trabajadores, especialmente de aquellos que tienen salarios cercanos al nivel de subsistencia y que no tienen margen para otras búsquedas laborales.
En juego también están los futuros aumentos salariales. Según declaraciones del Ministro Dujovne, hechas a principios de año, los acuerdos paritarios con cláusula gatillo que se cierren cerca del 20 por ciento, tendrán un aumento del salaria real ya que “la inflación seguramente va a estar por debajo de ese nivel”. La realidad está mostrando que la inflación estará lejos de la pauta del 17% y que los nuevos acuerdos salariales difícilmente contemplen la pérdida de poder adquisitivo que se arrastra desde fines de 2015 y todo el año 2016.
Es importante resaltar que una caída en el índice inflacionario (IPC) no significa “per se” una mejora en el salario real. Si baja el índice inflacionario quiere decir que los precios están aumentando menos de lo que aumentaron en el período anterior, pero para que el salario real aumente, el incremento de los salarios pagados tiene que ser mayor al que registra el índice inflacionario en ese mismo período. Aunque los funcionarios del gobierno insistan con que bajar la inflación es un éxito en sí mismo, el bienestar de los trabajadores depende también de los aumentos salariales que se otorguen.
Para completar la mirada macroeconómica, algunos informes privados estiman que luego de un año y medio de políticas contractivas y del abandono “de hecho” del objetivo empleo, la participación de los asalariados en el ingreso nacional (PAI) cayó aproximadamente 3 puntos, ubicándose en el 34% del PBI, niveles que se asemejan a la distribución del año 2010.
Cada punto porcentual del PBI que se registra en la PAI significa 20.000 millones de pesos que se transfieren de un sector a otro. Los números son contundentes, y las perspectivas de que el salario siga perdiendo su poder adquisitivo se hacen cada vez más consistentes.
