Los legisladores de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda reunidos en el Salón Azul del Palacio Legislativo avanzaron con la iniciativa del senador oficialista, Oscar Parrilli, que crea un fondo a partir de dólares provenientes de la fuga.
Sin embargo, se dejó para próximas reuniones el tratamiento del segundo proyecto que modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.
La iniciativa impulsada por el ahora interbloque del Frente de Todos está lista para ser llevada al recinto en una semana, aunque fuentes del oficialismo revelaron que recién será puesta a discusión por el pleno en los primeros días de mayo.
El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.
En cambio, el interbloque de Juntos por el Cambio se manifestó en contra de la medida y anticipó que la votará en contra cuando llegue al recinto.
«No puede no existir una decisión política tendiente a investigar, detectar y cobrar el dinero que se sigue fugando de la Argentina de manera ilegal», advirtió uno de los autores del expediente, el neuquino Oscar Parrilli.
El oficialista planteó algunos cambios que se le realizarán al expediente original, como el que incluye en el universo de bienes a exteriorizar no solo al dinero en efectivo, sino bienes inmateriales como créditos, patentes o derechos.
También se aclaró que sólo podrán acogerse a este beneficio quienes hayan infringido la Ley Penal Tributaria. Seguirán siendo investigados los delitos de lavado, narcotráfico, contrabando y trata de personas.
En cuanto al informante colaborador, figura creada en el proyecto, con los nuevos cambios se establece que el monto mínimo exigido para delatar y recibir la recompensa, que será del 30 por ciento y en dólares, es de 500 mil billetes de la moneda estadounidense.
Además, se creará un programa dentro del Ministerio de Justicia para garantizar la seguridad y el anonimato de la fuente.
Finalmente, los dólares que se irán a buscar deben ser bienes del exterior que no estén en un banco argentino.
«Esto sigue siendo un blanqueo -planteó el radical porteño Martín Lousteau- Tratamos al que tiene dinero en el exterior mejor que al que cabe bajo la legislación vigente, porque pagarán una cuarta parte de lo que le deben al fisco».
Por el contrario, la bonaerense Juliana Di Tullio, presidenta del bloque Unidad Ciudadana, insistió en indicar que «esto no es un blanqueo», aunque reflexionó que «como es compulsivo no vamos a restringir a nadie».
El rionegrino Weretilneck anticipó su apoyo a la iniciativa. Y dijo que «cualquier acción del Estado que beneficie a quien incumplió la ley es polémica. No debe haber ningún gobierno de ningún signo político que no haya usado esta herramienta. Acá la discusión es quién paga la deuda: el pueblo argentino o aquellos que evadieron».
El jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, sostuvo que «esto no va a resolver el problema de la fuga, pero es una herramienta más para que no pague el trabajador y sí los que la jodieron».
