Empresarios y exportadores argentinos pidieron al Gobierno nacional que los exima de la carga del pago de costos extras por la paralización de la Terminal Puerto Rosario (TPR) y la vecina Terminal Exolgan por 50 días y que se haga una revisión de las normas, decisiones y políticas que afectan la operatoria portuaria.
Las Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) y el Consejo de Cargadores de la República Argentina integrado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión Industrial Argentina (UIA), solicitaron estas medidas al Ministerio de Transporte y de Trabajo de la Nación tras un conflicto sindical que produjo la paralización de la terminal por 50 días.
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Así, las entidades empresarias solicitaron al Gobierno que “en vistas de la falta de operación de la Terminal Puerto de Rosario por 50 días, se exima a la carga del pago de los extra costos generados por motivos ajenos a las empresas afectadas, incluyendo aquellos costos derivados de las Líneas Marítimas, como la penalización de la devolución de los contenedores vacíos fuera de término”.
Por otro lado, pidieron que “se convoque a una instancia de articulación público-privada que permita avanzar en la revisión de las normas, decisiones y políticas que afectan la operatoria portuaria para alcanzar una sensible reducción de los costos y mejoras en la infraestructura, vías navegables, accesos terrestres y comunicación”.
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Según estas cámaras, la paralización de estos puertos generaron demoras que afectaron el abastecimiento de insumos y repuestos importados “generando un paro en las líneas de producción de algunas cadenas productivas”; incumplimientos de contrato de entrega y demoras en el despacho de exportaciones; y multiplicación de los gastos de transporte y logística, entre otros aspectos.
Los inconvenientes descriptos por las cámaras se traducen en “mayores costos que pasan a ser trasladados y pagados por la carga a través de diferentes mecanismos: adicionales al flete marítimo, aumento del costo de reposicionamiento de contenedores, reducción de servicios directos en Puerto de Buenos Aires, recargos en Terminal, duplicación de fletes terrestres y sus demoras”.
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También agregaron los “importantes costos financieros, comerciales, crediticios y administrativos que nacen en las demoras e incumplimientos sufridos por las empresas cuya carga se vio afectada”.
