El empresario Alejandro Iaccarino, quien como el resto de su familia sufrió el secuestro y la detención clandestina en el “circuito Camps” durante la última dictadura cívico militar, denunció haber sido objeto de una serie de atentados consumados en su propio domicilio, a pesar de que desde hace diez años cuenta con custodia permanente de la Gendarmería.

La inutilización de los frenos y neumáticos de su automóvil y cortes no programados del servicio de gas de su domicilio, verificados en una cochera del subsuelo, fueron parte del hostigamiento sufrido en las últimas dos semanas, de acuerdo a la presentación radicada ante las autoridades policiales de la ciudad de La Plata.

“Hace diez años, por decisión del juez Corazza, se nos brindó custodia permanente a mi hermano Carlos, a mi esposa y a mí, a cargo de la Gendarmería”, contó Iaccarino.

“Pero últimamente volvimos a ser blanco de un hostigamiento raro. Es como si quisieran decirme ‘entramos en tu casa cuando queremos y hacemos lo que queremos’. Hemos participado con mi hermano Carlos de varios juicios del circuito Camps, donde hubo procesados y condenados, pero parece que ahora hay interesados en que esos juicios no sigan y que los querellantes desistamos o simplemente nos vayamos muriendo, sin justicia”, agregó.

Ramón Camps

“Llevamos 39 años de trabajo jurídico. Cuando el juicio por la restitución del patrimonio que nos arrebataron ya podía conducir a los autores intelectuales de los delitos y trabar embargos por más de 300 millones de dólares. el macrismo decidió que la UIF no se presentaría como querellante. Así dejaron que la última responsabilidad y compromiso económico por el resarcimiento a las víctimas quedara en el Estado”, apuntó Iaccarino.

En ese sentido, el empresario contó que “la Corte tiene que decidir en el recurso extraordinario sobre esa causa», que presentaron sus representantes legales.

El premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, con quien los Iaccarino compartieron una celda en la U9 de La Plata, durante la última dictadura, participa como «amicus curiae» en el expediente.

Los hermanos estuvieron secuestrados en el centro clandestino de detención «Infierno», que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la policía bonaerense.

Por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese centro clandestino, iba a comenzar el 7 de septiembre un juicio oral y público que se pospuso, y en el cual Alejandro es testigo y querellante.

El caso Iaccarino es uno de los 604 hechos de terrorismo de Estado cometidos sobre empresas que fueron detectados en la década pasada por la Secretaría de Derechos Humanos.

«Para simplificar, quieren unificar el juicio de ‘El Infierno’ con ‘Pozo de Banfield’ y con ‘Pozo de Quilmes’, otros dos centros clandestinos. Pero eso, en lugar de acelerar, va a demorar mucho más la resolución de los juicios, porque son más de 500 testimonios los que hay que tomar, y porque muchos de esos testigos están solicitados en otras causas, ante otros tribunales», remarcó.

Y en ese sentido, agregó: «Un juicio unificado no va a tardar menos de cinco años en resolverse. Y las víctimas y querellantes no podemos esperar tanto tiempo».

En “El Infierno” están imputados, entre otros, el ex ministro de facto Jaime Smart y los excomisarios de la Bonaerense Miguel Ángel Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y Jorge Rómulo Ferranti.

«Creo que Jaime Smart es responsable de que mi madre perdiera la razón, cuando los tres hermanos estábamos secuestrados. Pasamos por nueve centros clandestinos de detención y fuimos torturados sistemáticamente. Una vez, estuve relatando por siete horas en el Hospital Piñero, ante médicos, psicólogos y antropólogos del Centro Ulloa (para la asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos)», recordó.

Miguel Angel Etchecolatz

Iaccarino afirmó que en ‘El Infierno’, a él y a su hermano Carlos les «quemaron el páncreas con la picana» y los convirtieron en insulino dependientes» debido a las tormentos que padecieron.

«Mi padre no resistió tanto dolor. Mi madre, como le dije, perdió la razón. A mi hermano Rodolfo lo perdimos poco después de recuperar la libertad. Jaime Smart era la mano derecha de Ibérico Saint Jean, como Etchecolatz era la mano derecha de (Ramón) Camps», afirmó Alejandro en referencia al militar genocida que estuvo al frente de la policía bonaerense durante la última dictadura militar.

Hoy, Alejandro Iaccarino (73) y su hermano Carlos (71), como sobrevivientes de una larga noche de terror que se convirtió en la causa de sus vidas, esperan las sentencias que comiencen a reparar el daño y no pierden la esperanza de reformular el ambicioso Plan Económico Expansivo General que impulsaban a principios de los ’70.

«Con ese proyecto buscamos una economía más humana y solidaria, que acompañara la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, tenemos una fe y voluntad no han cambiado», subrayó.