Desde la hora cero de este viernes, los trenes de larga distancia que conectan a la Capital Federal con distintos puntos del país sufrieron un aumento en sus tarifas. Rosario no es la excepción, y el servicio a partir de este día cuesta hasta un 20% más caro.
Acorde a la Resolución 26/2016, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, se actualizaron las tarifas del transporte público de pasajeros a nivel nacional con el fin de mantener “tarifas razonables”, aplicando como instrumento “las compensaciones tarifarias en miras a una política de redistribución del ingreso en los sectores de menores recursos».
Entrando en detalles, el pasaje de la conexión entre Rosario Sur y Retiro pasó de costar unos 175 pesos a 200 la primera clase (casi un 15% de aumento), y de 200 a 240 pesos la clase Pullman (20%).
En cuanto a los colectivos de larga distancia, los boletos entre Rosario y Retiro por el momento no sufrieron aumentos, permaneciendo sus tarifas en un mínimo de entre unos 270 y 340 pesos, dependiendo de cada empresa y servicio.
Sin embargo, hubo localidades que se vieron mucho más afectadas por la resolución. El caso más grave es el de Córdoba, que pese a que pagaba un boleto más barato que Rosario, sufrió un aumento de hasta el 500%, por lo que el boleto de tren de primera clase que antes costaba 50 pesos ahora está en los 300; la clase Pullman pasó de 90 a 360 pesos; y por último el camarote, servicio que no tienen los trenes que pasan por Rosario, pasó de costar 300 a 1.050 pesos.
En este sentido, Tucumán también sufrió algo más cercano al aumento tarifario de Córdoba, pasando su tarifa mínima de 70 a 360 pesos. De igual manera, los servicios ferroviarios y de transporte público en Buenos Aires también sufrieron aumentos.
La resolución nacional también destaca en sus argumentos el acuerdo realizado entre el gobierno, el sector empresario del transporte y los gremios para «establecer pautas consensuadas respecto de la evolución de las variables determinantes del costo de los servicios», lo que «se corresponde con la voluntad común de contribuir a la reducción del nivel inflacionario, corregir el déficit fiscal y mantener la competitividad de los sectores productivos y de servicios».
Finalmente, expresa que la intención es de «continuar e incrementar las acciones que tienden a tutelar a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad social», por lo que el descuento de la tarifa diferenciada subió hasta el 55%.
