La diputada Silvana Giuduci impulsa un proyecto de ley para prohibir teléfonos en las cárceles
De esta manera, Silvana Giudici impulsa una iniciativa para endurecer la ley penitenciaria, que apunta contra el delito organizado desde los penales y cita el caso de Rodrigo Gómez como ejemplo extremo de un sistema fuera de control.
La diputada nacional Silvana Giuduci, presentó un proyecto de ley de su autoría para prohibir la tenencia de celulares en las cárceles a los reclusos alojados en establecimientos penitenciarios. «Es necesario establecer con claridad que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares como parte de las restricciones propias de la pena”, afirmó taxativamente.
La iniciativa de la legisladora establece incorporar el artículo 79 bis a la Ley 24.660 (de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad) y además reforma el 85 que tipifica como infracción disciplinaria la “tenencia, ocultamiento, facilitación, introducción o tráfico de elementos electrónicos y de comunicación o dispositivos móviles no autorizados”.
En los fundamentos, Giudici arguyó que “el uso de dispositivos móviles en las cárceles se ha transformado en una fuente delictiva posibilitando que los internos cometan ilícitos desde el interior del penal llegando a tener un grave impacto sobre las personas del exterior”.
“Es necesario establecer con claridad que los detenidos no tienen derecho a utilizar celulares como parte de las restricciones propias de la pena”, sostuvo Giudici.
Respecto de los efectos de facilitar la tenencia de celulares en los institutos carcelarios, la congresista alertó que esto “contribuye al sostenimiento de bandas de delincuencia organizada que son lideradas por los propios internos”.
Las estructuras del crimen organizado y también las que se dedican a extorsión o estafas digitales se vieron favorecidas por decisiones que, con la excusa de la pandemia, permitieron el uso de celulares en los penales
En los últimos años crecieron las denuncias por estafas virtuales, recordó Giudice, y añadió que esto se generó con “el uso más común es a través de llamados telefónicos o simulando ser funcionarios públicos para solicitar transferencias de dinero”. También apuntó que se han registrado casos de extorsión, manejos de organizaciones criminales, amenazas y planificación de atentados, acceso a cuentas bancarias y billeteras virtuales de manera ilícita.
La única excepción consignada en el texto del proyecto de ley que impulsará el bloque de diputados de La Libertad Avanza es el uso de equipamiento informático autorizado para fines educativos, laborales o de reinserción social, siempre bajo control de las autoridades penitenciarias.