La media sanción que reforma la Ley de DNU avanza y el dictamen ya tiene fecha
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento discutió la iniciativa y acordó pasarla a la firma el próximo 30 de septiembre, La iniciativa, con media sanción del Senado, permitiría anularlos con el rechazo de una sola de las cámaras y fija plazos más estrictos.
- Conclusión en Buenos Aires
- Por Aldo Battisacco
- Sep 25, 2025
En el marco del plenario -emplazado para funcionar- en la última sesión de Diputados, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, sectores de la oposición ratificaron su postura en favor del proyecto con media sanción del Senado que prevé la reforma de la Ley de DNU (N°26.122), con el fin de limitar su uso abusivo por parte del presidente Javier Milei.
La diputada de Unión por la Patria Mónica Litza arrancó recordando que el año pasado se alcanzó en la Cámara baja un dictamen que finalmente no llegó al recinto y, por eso, «es muy bueno que el Senado lo haya podido hacer; es una media sanción que va absolutamente en línea con lo que habíamos dictaminado».
La legisladora sostuvo que «lo que debía ser un excepción y un control del presidencialismo se ha convertido lamentablemente en la regla, sobre todo para este Gobierno». «Hay una desproporcionalidad entre el procedimiento de creación de leyes y los DNU», y cuestionó «debemos lograr la modificación de este instrumento mal usado por el Gobierno».
Por su lado, el presidente del bloque Democracia para Todos, Pablo Juliano dijo: «Ninguna reconstrucción de politicas publicas se puede hacer a base de decretos»
Lospennato: El que esta en el gobierno quiere una norma y el que esta en la oposición quiere otra
En tanto que la Presidenta de la Comisión de Peticiones, Silvia Lospennato celebró que «el sector político que impulsó esta ley admita que es inconstitucional, porque nuestro espacio político, el Pro, viene sosteniendo que es inconstitucional desde el primer día». «Cuando algunos están en el gobierno promueven normas que los favorecen y cuando están en la oposición la quieren cambiar», cuestionó.
Además, destacó que a lo largo de estos años, desde el bloque amarillo se presentaron una docena de proyectos -uno incluso de Patricia Bullrich-, y que todos ellos «consideran que no puede haber sanción ficta».
En el cierre de una extensa intervención, la legisladora que protagonizó una fuerte pelea con Cristian Ritondo dentro del recinto en la última sesión expresó: «Sin comprarme el republicanismo repentino de los que usaron y abusaron de esta ley durante tantos años; sin comprarme la hipocresía de los que dicen una cosa y cambian de opinión cuando nos les conviene la norma, yo quiero ser coherente con lo que mi partido a lo largo de 20 años ha sostenido en este Congreso».
La diputada de Democracia para Siempre Carla Carrizo le respondió a Lospennato: «Me parece grave decir que la ley es inconstitucional, hay sí un debate constitucional, pero no hay un fallo de la Corte Suprema que diga que es inconstitucional». Y recordó que «pasaron seis gobiernos y todos los presidentes la utilizaron». «No se puede dejar instalado eso porque no es correcto legalmente», agregó.
A su turno, el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, dijo que compartía «todos los argumentos críticos» hacia la ley y opinó que «es una insensatez que un decreto tenga una exigencia parlamentaria menor que una ley».
Según cifras aportadas por el cordobés, «(Carlos) Menem dictó aproximadamente 195 DNU, (Fernando) De la Rúa unos 70, (Eduardo) Duhalde unos 150, Néstor (Kirchner) fue el campeón con unos 250, Cristina (Fernández de Kirchner) a pesar de todos sus años (en la presidencia) fue una de las que menos lo usó, con 80; Mauricio Macri unos 70, Alberto Fernández unos 150 y Javier Milei lleva cerca de 70″. Pero, al comparar las composiciones parlamentarias que cada gobierno tuvo, apuntó que el actual «no dispone de mayorías ni en la Cámara de Senadores ni de Diputados».
En su intervención, el radical aseguró: «Creo, desde el punto de vista jurídico, que aplicar un estándar de exigencia constitucional, o legal, o de rigurosidad legal, de una forma tan selectiva a un espacio político que carece de fortalezas políticas en Diputados y en Senadores, y que tiene una incoherencia, ya no con la trayectoria, sino con los contextos políticos e institucionales que tuvieron otros presidentes, es ante todo una postura antijurídica».
«En términos políticos, un accionar de estas características, con esta inequidad en su aplicación, es cuanto menos una acción que tiene por lo menos aspectos desestabilizadores, por un lado. Y por otro, paradójicamente, incluso a quienes son más opositores a este Gobierno, creo que sigue abonando al Gobierno la posibilidad de utilizar estos argumentos como excusa o chivo expiatorio para no hacerse cargo de los propios errores que va cometiendo», añadió.
A su turno, el exjuez federal Fernando Carbajal esgrimió que coincidía con Lospennato en que la Ley 26.122 «es inconstitucional» porque «no hay dudas para el constitucionalismo que el procedimiento adoptado quiebra las bases y el espíritu» de la Constitución.
«El 80% o 90% de los DNU dictados por todos los presidentes no satisfacen el requisito de urgencia», resaltó y diferenció que sí estuvieron bien justificados los primeros dictados por Alberto Fernández al comienzo de la pandemia. No obstante, «todos los gobiernos han naufragado en la ilegalidad y el abuso», observó.
Hablándole a Lospennato, el formoseño manifestó: «Yo tampoco me compro la vocación republicana de los compañeros del justicialismo, pero no importa, porque estoy convencido que estos límites son necesarios».

