La Organización de las Naciones Unidas denunció a través de un informe un “plan sistemático” a través del cual el ex mandatario coaccionó a jueces y fiscales que no resultaban funcionales  a sus intereses.

Las sospechas de que Mauricio Macri amedrentaba jueces con el fin de construir una justicia a su medida, no se condecían con las aseveraciones del presidente argentino que, durante los cuatro años de su gestión, declaró una y otra vez que su gobierno había “mejorado la independencia judicial”.

Desde la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas, resolvieron darle al expresidente 60 días para que conteste sobre sobre presiones y arbitrariedades que habría llevado adelante entre 2015 y 2019, en la que intervino el jurista peruano Diego García-Sayán,

Casi de oficio, el organismo internacional se hizo carne de las sospechas de violaciones de la independencia de la justicia durante la administración  Macri y le envió un escrito en el cual le solicita que explique acerca de la existencia de “plan sistemático y estructural” de persecución a magistrados  y fiscales que no contaban con la confianza de los funcionarios y por dar entidad a la denominada mesa judicial.

Tras ser derrotado en las elecciones pasadas Macri dejó el poder y ahora se enfrenta a la denuncia de la ONU, que baso la misma en maniobras contrarias al derecho y que fueron fueron puestas en práctica por el Estado y que tuvieron como único objetivo la persecución política y el encarcelamiento de opositores contrarios a su modelo de país.

El documento que fue enviado por el jurista de la ONU a las autoridades nacionales a fines del año pasado, precisó que “Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia y obstaculizado la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran distado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”