Ley de Glaciares: terminó la primera audiencia pública con controversias por la participación y con fuertes contrapuntos

Con la intervención de la Justicia que pide ampliar la participación, se inició la primera de las dos jornadas de audiencias públicas por la reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar. Se trata de una iniciativa impulsada por el oficialismo que ya cuenta con media sanción del Senado.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, había rechazado dos medidas cautelares de organizaciones ambientales que pedían la expansión de la participación para que sea representativa: en la primera jornada hubo 196 habilitados a participar de los más de 100.000 inscriptos.

La convocatoria fue impulsada por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, con un cronograma de trabajo que contempla una segunda jornada este jueves 26, bajo una modalidad mixta que combina exposiciones presenciales, intervenciones remotas y presentaciones incorporadas al expediente en formato digital.

En el arranque de la reunión plenaria, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, explicó detalladamente la metodología de la audiencia, y precisó que dinámica de participación se ciñe a lo que establece el Acuerdo de Escazú, en buen romance, hablo de las exigencias que deben primar en el tratamiento legislativo que involucra materias ambientales, dándole participación a la ciudadanía.

Mayoraz señaló sobre una particularidad de Escazú, al referir que «cualquier ciudadano puede participar. Eso llevó a que nosotros no estableciéramos una restricción en la participación, y de hecho se anotaron ciudadanos comunes, que no representan a organizaciones de la sociedad civil, ni a organizaciones ambientales, ni algunos que pudieran acreditar un interés directo o específico sobre el tema”.

Para le santafecino, «Todo eso va a formar parte del expediente y van a tener igual tratamiento y consideración de los diputados”, para luego puntualizar que “aquellos que creen que la audiencia pública es la única manera que tienen para que los diputados los escuchen, están en un error. Todos pueden ver después todo el material. Todas las exposiciones van a formar parte del expediente”.

Controversias

La tensión llegó, luego de la exposición de César Rolando Flores, artesano, que expresó a la organización Resistencia Diaguita, quien finalizó  su encendido discurso alertando que “podrán dictar todas las leyes que quieran, pero por Andalgalá no van a pasar”. En medio de ese clima, un grupo de diputadas de Unión por la Patria se acercó al estrado donde estaban las autoridades para plantearles que había un grupo de personas que no podían ingresar. Encabezadas por Paula Penacca, llegaron Lucía Cámpora, Gabriela Estévez y Sabrina Selva. “Podemos hablar, pero le dejamos el uso de la palabra a la próxima expositora”, aclaró José Peluc.

En la previa, Penacca manifestó ante quienes se les negó el acceso para participar de la audiencia pública, «Lo que está sucendiendo no es una audiencia pública. Por orden Martín Menem se está cercenando la participación de quienes se inscribieron para expresar por qué es tan grave la modificación de la Ley de Glaciares. Es un claro acto de censura. El agua NO se negocia».

Lo que está sucendiendo no es una audiencia pública. Por orden Martín Menem se está cercenando la participación de quienes se inscribieron para expresar por qué es tan grave la modificación de la Ley de Glaciares.

Es un claro acto de censura. El agua NO se negocia. pic.twitter.com/V31UZ6vxxz

— Paula Penacca (@PaulaPenacca) March 25, 2026

En la sala, la diputada de Fuerza Patria fue observada de que “No puede cortar la audiencia, la llamo al orden”, insistió el presidente de Recursos Naturales ante los planteos de Penacca, quien se dio vuelta y comenzó a explicarle a los presentes lo que sucedía. Peluc la reprendió:  “Estamos en la audiencia pública, usted no la va a ordenar, el presidente de la comisión soy yo”.

La palabra de los expositores

El primer orador de la audiencia fue Marcelo Arteaga, petrolero de Chubut, quien demandó: «Esto no es una audiencia pública como corresponde, somos más de 100 mil los que queremos hablar». «Soy de Comodoro Rivadavia, donde buscando agua encontraron petróleo, se llevaron todo el petróleo, nos dejaron el pasivo ambiental. Hoy hay deslizamiento de tierras», resaltó y agregó que «los únicos dos arroyos están contaminados».»El pueblo los va a recordar y los va a juzgar», sentenció-

Rolando Flores, de Resistencia Diaguita, oriundo de Andalgalá (Catamarca), comenzó: «400 años de saqueo en nuestro territorio para que nos den cuatro minutos. O sea, un minuto por 100 años». «Nosotros conocíamos la minería y realizábamos nuestro trabajo como ofrenda para nuestros dioses. En cambio, ustedes, buscan los minerales para entregarlos al único dios, el capitalismo».

Por su lado, la exdiputada Marta Maffei, autora del proyecto original, se manifestó en duros términos contra la propuesta del oficialismo al que definió como «absolutamente regresivo». Pocos minutos después habló Adolfo Pérez Esquivel, referente de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz, quien dijo que él visitó países «que no tienen agua» y donde «el agua vale más que el oro».

«El agua no es una mercancía, es un derecho y este derecho se le quiere quitar al pueblo», advirtió y recordó que en nuestro país ya «hay zonas donde el agua está restringida». Y se quejó que la audiencia viola el acuerdo de Escazú.

Pérez Esquivel dijo que «lo que está en juego es que los pueblos indígenas puedan preservar su cultura», al tiempo que apuntó una «presión del gobierno de los Estados Unidos de imponer esta ley». «Hay una violación sistemática del derecho del pueblo».

A su turno, Andrés Nápoli, director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sostuvo que este formato de audiencia pública «no respeta» los principios de «participación abierta, inclusiva, no discriminatoria y transparente» el Acuerdo de Escazú. «Es una audiencia un poco fraudulenta», añadió.

Según Nápoli, «este proyecto busca seguridad jurídica para los inversores, no para la población». «La única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas, un litigio abierto por mucho tiempo, y que por cada glaciar que quieran sacar se van a presentar los cientos de miles que quedaron afuera».

????️ CONCLUSIÓN BUENOS AIRES@EduardoFValdes: «Vemos que la ciudadanía se manifestó muy fuerte contra la modificación de la Ley de Glaciares. Por el vida, por el agua, quedó claro, No a la Ley de Glaciares, las 100 mil personas que se anotaron en 48 horas»

Vía @AldoBattisacco pic.twitter.com/CYeFZojmFk

— Conclusión (@ConclusionRos) March 25, 2026

En tanto, el diputado nacional Eduardo Valdés, expresó «Vemos que la ciudadanía se manifestó muy fuerte contra la modificación de la Ley de Glaciares. Por la vida, por el agua, quedó claro, No a la Ley de Glaciares, si por las 100 mil personas que se anotaron en 48 horas!.

En su intervención el director de Greenpeace Argentina, Diego Salas, alertó que “lo que está en juego acá es el agua”, y cuestionó los argumentos que el oficialismo “se agarra” para defender la modificación de la Ley de Glaciares. En ese sentido, indicó que el Gobierno “se agarra del federalismo, pero la Ley es el claro ejemplo y producto del federalismo que nació en este recinto que fue elaborada tras un año de debate. Es un ejemplo de protección en el país”.

“Las provincias puede ser dueñas y pueden tener potestad de los cuerpos de hielo, pero el recurso del agua es del país porque atraviesa muchas provincias los ríos de las cuales viven más de 7 millones de personas. Economías regionales y ecosistemas únicos necesitan del agua del ambiente glaciar y del periglaciar. No hay federalismo más grande que respetar la Ley de Glaciares que asegura las reservas de agua dulce estratégicas”, planteó Salas.