Tras las declaraciones del presidente de la Nación, Mauricio Macri sobre la “mafia” que promueve la “industria del juicio laboral”, las respuestas no se hicieron esperar, pero la denuncia quedó en el plano mediático y en un sinfín de discursos afines al oficialismo que buscaron reforzar la sospecha sobre los abogados y jueces laboralistas.
En relación a la gravedad de las declaraciones del primer mandatario, Conclusión dialogó con el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, Jorge Elizondo sobre los deberes de funcionario, en este caso del presidente, ante tamaña acusación y en lo relativo al pedido de juicio político a los jueces que fallaron a favor de los trabajadores y si es posible que se llegue a esa instancia.
A través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Gobierno denunció a dos camaristas laborales -Diana Cañal y Luis Raffaghelli- con pedido de juicio político por haber dictado una medida cautelar que ordenaba la reinstalación de 9 trabajadores despedidos del AFSCA. Los jueces consignaron que esos empleados fueron despedidos por razones discriminatorias por pertenecer a una agrupación política.
También se vieron involucrados los jueces laborales Graciela Marino y Enrique Arias Gibert que habían intimado a las cámaras empresarias bancarias a cumplir con el acuerdo salarial que habían firmado en diciembre de 2016 con la Asociación Bancaria.
Por otra parte, a nivel provincial, el Gobierno recusó a la jueza laboral Dora Temis que había intimado al ejecutivo provincial a retrotraer los descuentos por día de huelga a los docentes a partir de una denuncia presentada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA).
En este sentido, Elizondo dijo “la acusación, que en principio es absolutamente absurda y no tiene ningún grado de precisión, fue hecha al voleo”, y agregó que “si hubiera una denuncia concreta tendría que hablar con más precisión”.
Por otra parte, dijo que el presidente, ante este supuesto caso tiene el deber institucional de “presentarse ante la justicia, llevar pruebas y denunciar con nombre y apellido los delitos que él supone que se están cometiendo y presentar una denuncia formal en un juzgado penal para que se investigué y se actúa en consecuencia”, explicó Elizondo.
En relación a los pedidos de juicio político a los jueces que fallaron a favor de los trabajadores dijo que “para llegar a esa instancia el Consejo de la Magistratura recibe las denuncias y debe decidir por mayoría si debe abrir el proceso de remoción o no. Incluso también tiene facultades para suspender, pero no para remover sino que el Consejo de la Magistratura presenta la acusación y se conforma un jurado de enjuiciamiento (Juri) que luego va a determinar si lo condena o absuelve. El jurado se conforma con representantes de la cámara de senadores y diputados”, precisó.
El jurado de enjuiciamiento es el que decide si releva los jueces o no de su cargo. Luego evalúa si han cometido algún delito, y si es así le quitan los fueros y luego puede ser juzgado por la justicia ordinaria como cualquier ciudadano común, por los delitos que pudo haber cometido”.
De todos modos hay que aclarar que no es el caso de estos jueces que “lo único que han hecho es aplicar la ley, es decir que no tendrían porque llegar a un juri. Porque en el caso concreto de los jueces laborales no hay ningún elemento que pueda justificar un juicio político”, concluyó.
