El gobierno de la provincia de Santa Fe decidió expropiar por decreto una clínica privada en la ciudad de Santa Fe para sumar 42  de las denominadas “camas críticas” para afrontar la atención de personas infectadas con coronavirus.

El texto (decreto 330/2020 con fecha del 11 de abril), que lleva la firma del gobernador Omar Perotti y el ministro de Salud provincial, Carlos Parola y aún no fue publicado en el Boletín Oficial, refiere al Instituto Privado de Cardiología Sagrada Familia, ubicado en el macrocentro de la capital santafesina.

Había cerrado sus puertas en enero ante la presentación a concurso de acreedores, instrumentada por el dueño de la clínica.

Al Ejecutivo provincial lo avalan los decretos 213 y 270, mediante los que Santa Fe adhirió a los decretos nacionales de necesidad y urgencia 260 y 297, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud respecto al Covid-19.

De esta manera se declara “de interés general y sujeto a ocupación temporal” al Instituto Sagrada Familia, dentro del plan integral de la provincia para hacer frente al avance de la pandemia y que ya sumó un 38% más de camas críticas que las existentes antes de la emergencia.

Perotti faculta de esta manera al ministro de Salud para convenir con los propietarios de la clínica “las condiciones de la ocupación y la compensación por la privación temporal del uso”, tanto del edificio como de su equipamiento.

Además, en los considerandos del decreto se aclara que “puede expropiarse el uso temporal de un bien inmueble y de los demás convenientes o necesarios al fin principal, por dos años como máximo. Como así también que por razones de necesidad y urgencia, vinculadas con un peligro grave e inminente para la colectividad que ponga en juego la solidaridad recíproca de los miembros de ésta e impidan toda forma de procedimiento, el titular del Poder Ejecutivo o la autoridad administrativa a quien éste faculte debidamente mediante decreto motivado, puede disponer, bajo su responsabilidad, la ocupación temporal de bienes inmuebles”.

“Se trata de una limitación a la propiedad, en cuyo mérito la Administración Pública se posesiona materialmente, y en forma transitoria, de un bien o cosa ajeno para satisfacer un requerimiento de interés general motivado por imperiosas necesidades públicas”, continúa.

Y concluye alegando a la situación de que “a la fecha el Instituto Médico no está en actividad y el inmueble se mantiene ocupado por trabajadores debido al conflicto laboral existente como consecuencia de eso”, por lo que el gobierno provincial considera “más razonable aún el ejercicio de la facultad constitucional de disponer el uso temporal del inmueble y los demás bienes por razones de necesidad y urgencia, vinculadas con un peligro grave e inminente para la colectividad, que pone en juego la solidaridad recíproca de sus miembros e impidan concretar otro procedimiento efectivo con la celeridad que se requiere, en el contexto de la emergencia dada en virtud de la pandemia declarada en relación con el coronavirus”.