Prorrogan la emergencia energética hasta fines de 2027 y alertan por el estado de la infraestructura eléctrica
La medida fue oficializada mediante un DNU que no solo hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia económico-financiera del sistema, sino que también apuntó que existe una brecha significativa entre el costo de generación y lo que pagan los usuarios.
El gobierno de Javier Milei prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027 ante la persistencia de condiciones “críticas”, en donde se destacan la reducida reserva operativa y el envejecimiento de la infraestructura. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026.
La emergencia en el sector energético –que afecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad– se extendió hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio público en un contexto de vulnerabilidad técnica y financiera.
La prórroga se fundamenta en “la persistencia de condiciones técnicas y económicas críticas”, lo que se evidencia en informes que precisan que el sistema opera con márgenes de reserva operativa muy reducidos, alcanzando apenas un 4,4% frente a picos de demanda registrados en febrero de 2025.
A esto se agrega el preocupante estado de la infraestructura, que se refleja en el envejecimiento del parque generador eléctrico. Al respecto, el texto oficial detalló que “más del 60% de las fallas en el sector distribución se producen en alimentadores de más de 25 años de antigüedad”.
Asimismo, puntualizó que “el sistema de transporte enfrenta limitaciones estructurales severas”, ya que “opera con márgenes de seguridad reducidos y las principales estaciones transformadoras registran niveles de carga superiores al 90%”, lo que reduce la capacidad de respuesta ante contingencias.
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En este sentido, las obras ampliación del sistema de transporte eléctrico, como el sistema “Amba I” o las líneas de 500 kV, requieren plazos de ejecución que exceden el corto plazo, por lo que el Ejecutivo consideró que “resulta indispensable preservar herramientas regulatorias transitorias”.
El decreto hace hincapié en la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia económico-financiera del sistema, ya que, si bien la tasa de cobrabilidad de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) mejoró del 48% al 97% gracias a la normalización de la cadena de pagos, aún existe una brecha significativa entre el costo de generación y lo que pagan los usuarios.
Al respecto, indicó que “dicha recomposición requiere continuidad, seguimiento y consolidación, toda vez que una reversión en la disciplina de pagos podría afectar el flujo de fondos administrado por Cammesa, comprometer pagos a generadores, transportistas y demás agentes del mercado, deteriorar la confianza de los inversores y recrear desequilibrios financieros que el régimen de emergencia procura superar”.
A mayo de 2026, el Precio Estacional (Pest) pagado por los usuarios residenciales subsidiados representaba aproximadamente solo el 24% del costo real de abastecimiento. En este sentido, el Gobierno sostiene que con la emergencia busca permitir una transición gradual hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), “evitando impactos abruptos” en los sectores más vulnerables.
La decisión de extender la emergencia eléctrica hasta diciembre de 2027 busca equiparar los plazos con la emergencia de transporte y distribución de gas natural, ya que la generación térmica sigue siendo un componente sustancial de la matriz eléctrica, y la disponibilidad de gas natural incide en los costos y la seguridad del despacho eléctrico.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo explicó en el texto oficial que con una interrupción de la emergencia “podrían producirse discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas, debilitamiento de los mecanismos de regularización financiera, pérdida de previsibilidad para los agentes, afectación de procesos de inversión y mayores riesgos sobre la continuidad del servicio público de electricidad”.