Conclusión Buenos Aires

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, desafió a la ministra de Seguridad, Patricia Pullrich, al cuestionar la ley Antimafias por su «exceso de garantismo».

Invitado como expositor a la reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de Diputados, el mandatario expresó: «Nos parece que esta ley tiene un exceso de garantismo».

Además, señaló que sería «sumamente importante poder contar con una ley que que tenga una mirada integral de lo que son las organizaciones criminales», y reclamó «instrumentos que permitan ser mucho más rápidos y ágiles en lo que es la persecución de la violencia, del delito, y fundamentalmente del crimen organizado, porque al crimen organizado hay que golpearlo rápidamente y para eso se necesitan muchas herramientas».

Asimismo, pidió “no quedarse cortos con el alcance la Ley”, para que “a otras provincias no les suceda lo mismo que transita Rosario”. Y en esa línea, sugirió, por ejemplo, legislar sobre el «aislamiento pleno de una persona que está en la cárcel y que, desde ahí, manda a matar a inocentes para mantener su poderío criminal y para que se retroceda con una política pública”.

Además, el mandatario provincial se refirió a la situación que vive la ciudad de Rosario y explicó: “En Santa Fe tenemos un problema de violencia estructural y crimen organizado”. “Al crimen organizado hay que golpearlo rápidamente y para ello se necesitan muchas herramientas para luchar contra el delito y contra una violencia perenne”, puntualizó.

A modo informativo, Pullaro informó que, hasta el día de hoy, “en Rosario se han contabilizado 49 homicidios dolosos”, mientras que, en el 2023, para esta fecha “ya teníamos 129”, en relación “al avance que hemos logrado, a través de la implementación de herramientas de política criminal”.

En cuanto a la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, el Gobernador resaltó: “Es inteligente e importante este tema y sirve para resolver muchos casos”. «Nos vendría muy bien contar con esta herramienta en nuestra provincia «, especificó.

Finalmente, se expresó respecto al objetivo de la Ley que “está basada en políticas implementadas en EE.UU e Italia”: “Esta norma permite vincular a cualquier miembro que comete el delito con las organizaciones criminales en su conjunto y así poder erradicarlas del territorio”. De esta manera, consideró: “Se va a permitir ir contra los individuos y contra la organización en su conjunto logrando que baje la violencia y el delito”.

Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe,  enfatizó: “Es un imperativo contar con herramientas de investigación y persecución penal amplificadas para este tipo de organizaciones”. “Compartimos la necesidad de contar con la Ley Antimafia”, remarcó.

En cuanto a las cuestiones procesales, el Ministro indicó que «coincidimos con el espíritu y la necesidad del proyecto”, pero -puntualizó- “creemos que es insuficiente para una política criminal que aborde las mafias».

Aunque desde el entorno del mandatario santafesino enfatizaron que defendió el proyecto, sus diferencias con la ministra quedaron claras. «Venimos a respaldar el proyecto de ley», dijo Pullaro, y también pidió a los legisladores que «no se queden cortos» al momento de implementar los cambios legales.
 

Uno de los diputados de Unión por la Patria (UxP) no dudó en reconocer «la solidez» del gobernador pero resaltó «la disconformidad» de Pullaro. «No se puede pelear con el Gobierno nacional, por más que el hombre no esté de acuerdo con muchas de las medidas que se toman desde el Ejecutivo, y hace equilibrio», consideró.

Pullaro asistió a la Cámara de Diputados acompañado por su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien advirtió que «es un imperativo contar con herramientas de investigación y persecución penal amplificadas para este tipo de organizaciones».

«Coincidimos con el espíritu y la necesidad del proyecto», reconoció, pero finalmente remarcó: «Creemos que es insuficiente para una política criminal que aborde las mafias».

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La iniciativa impulsada por el oficialismo, denominada técnicamente como Ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado, establece que quien fuese declarado culpable en sede judicial por delitos cometidos como miembro de una banda criminal reciba la pena más alta entre las sanciones fijadas contra alguna de las acciones que se le imputen. También habilita detenciones de hasta 48 horas por simple «averiguación» de ilícitos y aumenta las facultades de la Dirección de Inteligencia Criminal, dependiente de Bullrich.

El proyecto fue anunciado a fines de marzo y lleva semanas debatiéndose en las comisiones de la Cámara Baja, con la intervención de especialistas que cuestionan la vulneración de garantías constitucionales que el articulado contendría.