Finalmente, se formalizó el reclamo de un amplio espectro de cámaras pyme en el que convocaron al gobierno nacional a trabajar juntos para elaborar medidas que eviten que la pequeña y mediana empresa no sufran de lleno el impacto de la crisis a poco de iniciarse la cuarentena social obligatoria.

Tal cual lo adelantó Conclusión hace 48 horas, mediante un documento la Secretaría de Energía, Minería e Innovación Tecnológica, de Cgera reflejó que ante la pandemia de COVID‐19, que viene a desarrollarse sobre un escenario económico y social, que las iniciativas del Ejecutivo nacional «son oportunas y acertadas».

Los titulares de pyme rescataron la labor del Estado presente, «y que interviene para intentar equilibrar las desiguales relaciones de poder que se profundizan en momentos de crisis»..

Según consignaron en el escrito, existen una serie de resoluciones que, conscientes del costo fiscal inicial, deben verse como necesarias en un primer paquete de medidas urgentes:

‐Postergar por 60 días el pago de contribuciones patronales y cargas sociales ‐Postergar pagos de anticipos por impuesto a las ganancias

El papel de los bancos y las grandes empresas en esta batalla (Textual)

‐Con el fin de mantener la cadena de pagos sin colapsar y el ingreso de los trabajadores, declarar una emergencia en el sistema bancario que permita cubrir, en forma automática sin los habituales trámites de «scoring» crediticio, las cuentas corrientes de las empresas PyMEs y monotributistas, durante 90 días con créditos con un costo financiero total suficiente para cubrir los costos administrativos de los bancos fundamentado en las ganancias extraordinarias del sector financiero durante los últimos años.

‐Créditos con la misma tasa para afrontar pago de salarios y medio aguinaldo. Se debe considerar la nómina de cada empresa declarada en los bancos para que el crédito se ejecute en forma inmediata y automática en las cuentas sueldos.

‐Ante algunos movimientos que comienzan a realizar anunciando suspensión de pagos o demoras injustificadas para ejecutarlos, el Estado debe exigir a las grades empresas que NO retrasen ni suspendan pagos pendientes para estos días a empresas PyMEs.

‐La mayoría de estas empresas son concesionarias de servicios o recursos públicos y, por lo tanto, el Estado debe asegurar que no sean las PyMEs quienes soporten totalmente las consecuencias económicas de esta crisis

‐La integridad de la cadena de proveedores PyMEs es crítica, en particular, en momentos de pagos de salarios mensuales o quincenales.

‐Del mismo modo, no deben considerarse a los efectos de imputación de multas por retraso en las entregas de productos y servicios de órdenes de compra en curso, los días contados desde el 6 de marzo hasta que finalice el estado de excepción que implique imposibilidad de trabajo por parte de algunos o todos los trabajadores de las empresas PyMEs

‐Disponer de recursos fiscales para que no se paralicen obras y trabajos en las grandes empresas del sector gas, petróleo, energía e infraestructura. Con trabajo, las PyME’s salimos adelante aportando nuestro esfuerzo en este momento crítico.