Por Facundo De Tomasi*
Durante el debate por la llamada Ley Ómnibus, el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, afirmó a modo de confesión que es intención del actual gobierno liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.
El FGS es un fondo anticíclico, creado en 2007 por Néstor Kirchner, que contiene las acciones que las viejas Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), habían comprado a las principales empresas que cotizan en la Bolsa. Con la decisión de estatizar las AFJP por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, dichas acciones pasaron a ser parte del FGS, bajo administración estatal.
Además de funcionar como un “resguardo de la plata de las personas jubiladas”, el FGS permitió financiar diversos programas de seguridad social, como es el caso de “Conectar Igualdad”, programa a partir del cual muchos/as jóvenes pudieron acceder a una computadora que les permita estudiar, o el Programa Crédito Argentino (PROCREAR), con el que miles de familias pudieron acceder por primera vez a una vivienda propia.
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El FGS es un activo de los/as trabajadores pasivos, las personas jubiladas, pero también es un activo de todos los/as trabajadores que se encuentran en actividad, ya que gran parte de la defensa del valor de las jubilaciones del futuro, de aquellas jubilaciones de las personas que hoy se encuentran trabajando pero que, tarde o temprano, se jubilarán, depende del sostenimiento de este fondo anticíclico.
El valor de estos activos, entre 2008 y 2015, según datos oficiales, ascendían a 62 mil millones de dólares, lo que generó un “círculo virtuoso” ya que el aumento del consumo y los nuevos empleos implicaron una mayor recaudación tributaria y de los recursos de seguridad social. En cambio, entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, el valor del FGS se redujo casi a la mitad, 35 mil millones de dólares, es decir, una pérdida equivalente al 43,5%.
Sobre el final de la gestión de Alberto Fernández, siguiendo datos de noviembre de 2023, el valor del FGS ascendió a 76 mil millones de dólares. Dicho valor está compuesto por activos financieros tales como: títulos públicos, acciones, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y préstamos a provincias. Las acciones en su interior representan aproximadamente unos 13.100 millones de dólares, lo que equivale al 17,4% del total de activos del fondo. Pero, durante la sesión que se extendió durante la madrugada del 12 de enero, el Secretario de Finanzas afirmó que “la valuación actual de los activos del FGS es aproximadamente de 5.500 millones de dólares”.
No podemos dejar de hacernos la pregunta: ¿por qué el gobierno pone un “precio de remate” a un conjunto de acciones que, en su recorrido, pueden elevar sustancialmente su valor? Tal vez, analizar cómo están compuestas las acciones en cuestión nos aproxime a una posible respuesta.
El 60% de las acciones del FGS se concentran en 5 grandes empresas:
Además, en menor medida, se compone de acciones de Aluar S.A., Banco Hipotecario S.A., Ledesma S.A., Molinos Río de la Plata S.A., entre otras. Para los dueños de estas empresas, la participación de directores en sus filas (derivado del nivel de participación accionaria del Estado en las mismas) constituyó siempre una intromisión inaceptable del Estado en el sector privado. Por lo tanto, la liquidación del FGS, la venta de las acciones que lo componen a “sus antiguos dueños”, constituyó siempre un viejo anhelo del poder económico, que puede representar una pérdida irrecuperable no solo para el patrimonio del Estado, sino para el conjunto de los/as jubilados y de los/as trabajadores activos.
*Integrante del Centro de Economía Política (CEPA) Rosario.
