El Frente de Todos en la Cámara de Diputados se alzó con el dictamen de mayoría a favor del proyecto que fue devuelto con cambios desde el Senado sobre la Ley de Alquileres, mientras que la oposición firmó un dictamen de minoría que defiende la media sanción que había sido aprobada el pasado 23 de agosto.

El oficialismo consiguió el despacho de mayoría con 41 firmas. En tanto, con 39, el despacho de minoría fue respaldado por Juntos por el Cambio y la bonaerense Graciela Camaño.

Sin embargo, aún no esta claro que en la sesión que se convoque para aprobar distintos proyectos, el Frente de Todos tenga mayoría y, en ese caso, sancionar definitivamente la reforma propuesta en la Cámara alta, y desestimar la modificación que vuelve el plazo de los contratos a dos años, permite ajustes cada cuatro meses y deja librado al acuerdo de la partes la actualización de los alquileres con la opción de tres índices (IPC, IPM, IS).

El texto del proyecto que envió el Senado mantiene el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establece que los aumentos sean semestrales; y fija un nuevo índice para la actualización, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En el debate, se dieron distintos argumentos sobre la oportunidad o no de la reforma impulsada, el puntano, Alejandro Cacace sostuvo: «Con inflación no se pueden establecer la actualización de alquileres a largo plazo»,

Cacace sostuvo que un contrato de tres años “es una eternidad en este contexto” y se quejó de que se quiera “imponer los precios desde el Estado, porque sabemos los problemas que trae”. El diputado de Evolución Radical explicó que “en una economía que tiene 12% de inflación mensual” los propietarios “se cubren de la inflación cobrando todo de arranque desde el precio inicial”, al defender que se puedan hacer las actualizaciones cada cuatro meses. “Está claro que en una economía que es altamente inflacionaria hay que reducir los tiempos de la actualización”, insistió en esta línea.

Desde el oficialismo el diputado nacional del FdT, Itaí Hagman, sostuvo: «Estamos frente a dos opciones pero el proyecto que aprobó el Senado es mejor del que salió de Diputados», y celebró «que ya no se esté hablando de derogación porque eso iba a dejar desprotegidos a los inquilinos».

Hagman observó que lo más conflictivo de la situación no era solo la alta inflación sino “la caída del salario real”, que hace más difícil a los inquilinos afrontar los aumentos. “La incertidumbre la hemos generado con la expectativa de un cambio del régimen”, opinó, al recordar que desde el año pasado está en debate la reforma de la 27.551.

Para el leislador, desde que se sancionó la ley “hasta el segundo cuatrimestre de 2022, creció la oferta”, mientras que comenzó a caer en el segundo semestre de 2022. “Se combinó la inflación y la expectativa”, señaló y advirtió que el cambio del plazo del contrato de tres años a dos es algo que no le interesa a propietarios e inquilinos, sino “hay un solo actor al que les conviene: las inmobiliarias”.

“La ley no fija los precios de los alquileres”, aclaró y defendió que “a las dos partes les sirve que haya un mecanismo de indexación, porque nunca se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la inflación”.

La oposición

En tanto, desde la oposición el diputado del PRO, Pablo Tonelli, sostuvo que «la ley no dio los resultados esperados», y anticipó que ese espacio insistirá «con la sanción originaria de nuestra cámara», que establece, dijo, que «el plazo mínimo sea de dos años, que los ajustes puedan hacerse a partir de los cuatro meses y que las partes tengan la libertad de elegir entre varias fórmulas o índices que propusimos. De ese modo, volveremos a una situación de mayor equilibrio», estimó.

En su redacción original, que había sido aprobada en la Cámara baja, las partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, con contratos por dos años, y, o bien podían aplicar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o bien una combinación de todos estos índices.

Pero el proyecto fue aprobado la semana pasada en el recinto de la Cámara alta con modificaciones, entre ellas se estableció en tres años el plazo mínimo legal de locación, y, por otro lado, se agregó que «los contratos de locación con destino» a vivienda serán estipulados «en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses».

También, el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que «los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el BCRA».

El proyecto aprobado por el Senado además incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que «los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo».

En cuanto a la relación de fuerzas, en la Comisión de Legislación General el oficialismo tiene mayoría (16 sobre 31) para hacer prevalecer el aval al texto del Senado; en tanto que de los 49 integrantes de la Comisión de Presupuesto, 24 pertenecen al Frente de Todos y 23 a Juntos por el Cambio, en tanto que los dos restantes son de Córdoba Federal -que apoya el texto de Diputados- y del Frente de la Concordia Misionero, que actuó en el mismo sentido.