Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)
En una sesión sinuosa en la que se intentó tratar la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la oposición opuso sus reparos a la iniciativa presentada por el oficialismo y logró postergar la votación artículo por artículo del proyecto de ley que penaliza a empresas por los delitos de soborno trasnacional y fraude contra el Estado. La ley solo fue aprobada en general.
Fue un debate plagado de acusaciones cruzadas, que tuvo la corrupción de Odebrecht como telón de fondo y condicionante
Ante las numerosas modificaciones que reclamaban sobre el proyecto las distintas bancadas, el interbloque Cambiemos se vio obligado a pedir un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo para retomar el tratamiento en el recinto.
Cambiemos logró así la aprobación en general con el apoyo del bloque del Frente Renovador, que, a cambio, consiguió el compromiso del oficialismo para que se consideren algunas de sus propuestas en el tratamiento en particular.
A favor de la iniciativa votaron 131 diputados; en contra lo hicieron 63, en tanto que 7 se abstuvieron.
La propuesta oficial de penalización a las empresas que participan de actos de corrupción, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), apunta a dar a la Justicia nuevas herramientas para sancionar la corrupción empresaria contra la Administración Pública.
Además, contempla gravar con fuertes multas, que llegan incluso a quitarle a la persona jurídica involucrada la posibilidad de seguir operando en el país.
El artículo de la ley más polémico es el 37, que crea la figura legal del «colaborador eficaz» fuertemente cuestionada por la oposición que rechaza que no se le apliquen sanciones penales por aporte de datos que puedan esclarecer hechos de corrupción y precisa que las empresas jurídicas podrían solicitar el acogimiento voluntario a ese acuerdo “por hechos anteriores a la sanción de la ley”. En estos supuestos, intervendría únicamente la Procuración del Tesoro de la Nación, con aval de la Sindicatura General de la Nación.
Objeciones
El Frente Renovador pidió incluir en el proyecto que el aumento de las penas sea impresciptible y la extinción de dominio sobre los bienes provenientes del delito que cometió la empresa. Además, reclamó sanciones más duras para las personas jurídicas, al advertir que “ir a fondo significa que los empresarios y funcionarios tengan un poquito de temor con esta ley”.
Por su lado, el FpV-PJ definió la iniciativa como un “manual” para las compañías que quieran “sortear la aplicación de una sanción penal”, siempre «que hagan un acuerdo de colaboración eficaz o incorporen en su estructura un programa de integridad” y también la calificó como “un salvoconducto para Odebrecht”.
El bloque Justicialista advirtió que “el sistema de penas impuesto en la ley es amplio y arbitrario», porque “un juez puede determinar una multa que va del 0,5% al 20% de los ingresos brutos anuales de la empresa”, y además se cuestiono que “la misma ley tiene atenuantes y agravantes sin ningún tipo de lógica propia del derecho penal”, con un pedido, sin éxito, para que el proyecto a comisiones.
El debate continuará el miércoles próximo en el recinto de la cámara Baja.
