El Senado tratará mañana los proyectos de acceso a la información pública y de ley del arrepentido para casos de corrupción, aunque sólo el primero será convertido en ley, mientras que el segundo volvería a la Cámara de Diputados con modificaciones.
El proyecto de ley de acceso a la información cosechó algunas críticas en los últimos días pero no por su contenido, sino por la insistencia del oficialismo en aprobarlo sin cambios a pesar de los pedidos del bloque del PJ-FPV y del Interbloque Federal de Adolfo Rodríguez Saá.
No obstante, el bloque oficialista de Cambiemos contaría con el respaldo del sector justicialista del PJ-FPV para asegurarse la mayoría simple requerida para convertir la iniciativa en ley.
El proyecto establece que «toda persona humana o jurídica, pública o privada» puede solicitar información pública sin necesidad de contar con un patrocinio legal ni exponer la motivación de su solicitud.
También señala que están obligados a brindar información los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa; el Consejo de la Magistratura; las empresas del Estado y los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos y el Banco Central, entre otros.
Se crea además la Agencia de Acceso a la Información Pública como órgano encargado de dar curso a los pedidos de información,cuyo director será designado por el Poder Ejecutivo, que también podrá removerlo del cargo.
El proyecto determina que el Estado debe brindar la información requerida -a menos que se trate de datos relaciones con la seguridad nacional- dentro de un período de 15 días, con posibilidad de una prórroga de 15 días más.
Otra suerte correrá el proyecto de ley que modifica el Código Penal para ampliar la figura del arrepentido a los casos de corrupción, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados pero será devuelto debido a que el Senado le hizo varias modificaciones.
La figura del arrepentido ya existía en el Código Penal para los delitos de privación ilegítima de la libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.
El proyecto -que fue impulsado por el Frente Renovador en Diputados- propone incluir los delitos de corrupción, delitos del Código Aduanero y asociación ilícita.
La iniciativa permite reducir la pena a toda persona imputada que brinde información comprobable sobre casos de corrupción, aunque en ningún caso el arrepentido podrá acceder a la eximición de prisión.
Además, sólo podrá acogerse al beneficio en caso de que la información que proporcione esté referida a delitos tipificados con una pena igual o mayor a la suya, pero si el arrepentido tuviera una pena de reclusión perpetua, la reducción no podrá ser mayor a 15 años.
El acuerdo de colaboración se celebrará exclusivamente entre el fiscal y las personas que brinden información, y no aplicará para los casos en que se investiguen delitos de lesa humanidad.
Entre las modificaciones que introdujo el Senado en la letra del proyecto original, la principal es la que establece que el plazo límite para ejercer el derecho a arrepentirse sea la elevación a juicio oral de la causa.
Con esto «se evita la especulación por parte del delincuente que se acoge a la figura del arrepentido», según justificó durante la última reunión de comisiones el jefe del bloque de senadores del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto.
Otro de los artículos que se agregaron a la iniciativa indica que el arrepentido puede tomar esa figura penal en un proceso penal del que es parte y señalando a personas con su misma responsabilidad o mayor, pero nunca en otro proceso.
Asimismo, sólo puede referirse a situaciones de las que fue parte involucrada y nunca a comentarios hechos por terceros.
