Por Guido Brunet

La reforma previsional aprobada por el Congreso que reduce los aumentos de las jubilaciones generó el rechazo de gran parte de la sociedad que se manifestó en las calles contra la norma.

Pero al costo político que podría significarle al gobierno, existe la posibilidad de que se sumen acciones judiciales para frenar la reforma, ya que según expertos la ley no se adecua a la Constitución.

Sobre esto, Conclusión dialogó con Juan Carlos Martorana, presidente del Colegio de Abogados de Rosario, quien explicó que la ley va a en contra del artículo 14 bis y del principio de progresividad, que establece que las leyes en materia de jubilaciones tienen que otorgar más beneficios, no pueden retraerlos. “Esto no se ha verificado”, aclaró Martorana. “De modo que si un juez se ajusta derecho debería declarar la inconstitucionalidad de esta norma”, afirmó.

En consecuencia, Martorana, que este lunes asumió como titular del Colegio estimó que “va a haber presentaciones”. El letrado indicó que puede hacer una presentación de inconstitucionalidad mediante acción ordinaria o un recurso de amparo, y que se podría efectivizar a partir de una demanda de clase o demanda colectiva.

El docente de las materias Derechos del Trabajo y Derechos de la Seguridad de la UNR opinó que las acciones deberían provenir de entidades que agrupan a los jubilados para obtener “adecuada representación”. En cuanto a esto, el letrado da el ejemplo de la inconstitucionalidad de los aumentos de gas, que fueron acciones colectivas promovidas por entidades de consumidores.

Aunque nuevo mandatario de la entidad no se mostró optimista con los resultados que podrían obtener las presentaciones, ya que “para eso tiene que haber una Corte con la independencia necesaria”.

“Por suerte la Corte Suprema de la provincia tiene independencia, pero lamentablemente no puedo decir lo mismo de la Corte federal”, señaló. “Lo que yo deseo es que la Justicia tenga la independencia suficiente para que no esté sujeta a los cambios de época”, completó.

La forma anterior respetaba el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, se ataba a la recaudación y garantizaba la sustentabilidad del sistema porque tenía los pesos y contrapesos para que no se dispare ni se deprima”, detalló Martorana. “En lugar de eso se hizo una vulgaridad”, sentenció el abogado.

La nueva ley

La nueva forma de cálculo de los aumentos jubilatorios se remite a la inflación, pero “los incrementos de precios a los abuelos no son los que salen en el Indec porque tienen aumentos de 170% en los medicamentos”, manifestó el abogado. A su vez, ata en un 30% por ciento a la evolución de los salarios de los trabajadores registrados.

En concreto, “los jubilados van a perder el año que viene un 25 por ciento de sus ingresos con la nueva fórmula”, señala Martorana.

Además, Martorana se mostró preocupado por el aumento de la edad jubilatoria, que será de manera opcional a los 70 años, al modificar el artículo 252. Esto funcionará como “tapón” del mercado, ya que “no promueve el empleo”, según Martorana. Debido a que el trabajador optará por continuar en su empleo en lugar de jubilarse. También afecta a las Pymes, ya que al prorrogar por cinco años esa situación, “les causa un daño importante” a las pequeñas empresas.

A su vez, el presidente del Colegio de Abogados se refirió al “eufemismo” del 82% móvil, el cual consideró “una mentira”. Ya que “es una fórmula que como las cajas tenían un buen número de aportantes se establecía esa relación entre el sueldo del activo y el sueldo del pasivo. Esto quedó solamente para las jubilaciones mínimas y con factores que no tienen que ver con la evolución de los salarios de los activos”. “Esto es una película que termina nuevamente en las AFJP”, advirtió .

Por otra parte, el letrado emparentó la reforma previsional a la laboral, en la que mencionó que se buscará gravar las indemnizaciones con impuesto a las ganancias. Pero “la Corte Suprema ya dijo que la indemnización no es susceptible de ese impuesto”.

Para finalizar, el titular de la entidad opinó que “con esta ley se la agarran con las dos personas que no se pueden defender: los ancianos y los chicos”, en referencia a la reducción de la Asignación Universal por Hijo.