El Ministerio de Trabajo de la Nación, que encabeza Raquel Olmos, consideró este viernes que «no hubo justa causa» en el despido de 22 empleados fluviales en Puerto General San Martín por parte de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de esa localidad santafesina, y responsabilizó por la situación de conflicto al diputado libertario electo Nicolás Mayoraz.
Olmos encabezó un encuentro en la cartera laboral con representantes de los Sindicatos de Conductores Navales (Siconara) y de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo en procura de resolver de forma urgente el conflicto en esa localidad, luego del despido de 22 operarios.
El conflicto, iniciado a partir de las cesantías producidas por decisión de esa cooperativa, mantiene en vilo al cordón industrial ante un posible paro total gremial de actividades.
Raquel Olmos
La cartera laboral aseguró hoy que «no hubo justa causa» para determinar las cesantías, y apuntó contra el espacio político La Libertad Avanza (LLA), que encabeza el candidato Javier Milei, al señalar que en el contexto del grave conflicto la cooperativa interviene a través del estudio del doctor Mayoraz, electo diputado nacional por el sector «libertario».
Las fuentes gremiales señalaron hoy que esa realidad vislumbra «la intencionalidad política de impulsar un conflicto en un área portuaria de condiciones estratégicas».
“La cooperativa pretendió echar a los trabajadores con un planteo de justa causa, pero ello no existió en la práctica», aseguró la cartera nacional de Trabajo que encabeza Olmos.
Trabajo intervino en el conflicto luego de sucesivas audiencias y el oportuno dictado de la conciliación obligatoria, que la cooperativa no acató a pesar de dos notificaciones.
Esa actitud de desacato hacia la Ley 14.786 de conciliación obligatoria será motivo de sanciones en el contexto del «procedimiento de infracción administrativa» y también habrá una presentación ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) para que la entidad que regula las cooperativas intervenga a partir de su competencia.
El conflicto comenzó cuando la cooperativa decidió el despido de 22 trabajadores embarcados en los remolcadores daneses Coopor I y II, luego de determinar el cierre de su actividad de asistencia a buques de carga y, en ese contexto, los gremios exigen el pago total de las indemnizaciones de ley, que la patronal procura «negociar», aseguraron.
En la reunión participaron los secretarios general y Gremial del Siconara, Armando Alessi y Ángel Raimundi; el delegado rosarino Fernando Ramírez; el titular del Centro de Patrones, Mariano Moreno, y los dirigentes del SOMU Raúl Durdos y Alejandro Vargas.
Esa cooperativa tiene dos buques remolcadores de maniobra portuaria y «pretende cesar en la actividad a 22 trabajadores embarcados sin cumplir las normas», señaló Trabajo.
