Argentina se ha transformado de un tiempo a esta parte en uno de los mayores consumidores de agrotóxicos del mundo, alcanzando según algunas estimaciones los 400 millones de litros anuales (alrededor de 10 litros por habitante).
El abuso en la utilización de ese material produce un altísimo nivel de contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, lo mismo que sucede con los suelos y los alimentos con productos que afectan la salud de las personas, provocando daños irreparables.
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Si bien desde hace un tiempo se aplican las denominadas “buenas prácticas agrícolas”, dado el alto volumen e intensidad en el uso de agroquímicos, son prácticamente improducentes.
En los últimos días, una explosión de proporciones en una planta de agroquímicos (Sigma Agro SA) en la localidad bonaerense de Mercedes (que producía el 40% del Paraquat que se comercializaba en el mercado argentino y en la que se hallaba depósitos de de glifosato y biodiésel) dejó un desastre tras de sí: un trabajador muerto, fábrica devastada y muchas preguntas.
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Pero el hecho, sobre todo, evidencia a las claras una realidad acuciante en distintos puntos del país.
El Paraquat, de la familia de los chlorpirifos, es una de las nuevas drogas potenciadas a las que recurren los propietarios de complejos donde se alojan cultivos transgénicos o que utilizan agroquímicos, ante la prohibición en distintos países del glifosato, declarado cancerígeno.
El debate en torno a un nuevo modelo productivo que sea sustentable se vuelve por estas horas providencial, en momentos en los que se discute la transición hacia un posible nuevo gobierno que modifique el perfil económico del país.
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No obstante, ese debate no abunda en la campaña electoral y lo que sucede en Mercedes, como en otros puntos del país, es un claro ejemplo de la urgencia con que debe abordarse este tema.
