Una abrupta devaluación como la que realizó el gobierno de Mauricio Macri en su primera semana de gestión es una decisión de política económica. No es cierto que no quedaba otra salida para corregir problemas, que por supuesto los había y los hay. En la historia del país, las devaluaciones mostraron efectos negativos en el nivel de actividad económica y provocaron un reparto desigual de la riqueza. La liberalización del mercado cambiario, el desmantelamiento de los controles y la devaluación del peso, presentada con una amplia sonrisa por el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay bajo la consigna marketinera “fin del cepo”, provocó una fenomenal transferencia de recursos a los sectores concentrados de la economía (agroexportadores y sistema financiero, los grandes ganadores) en detrimento de los ingresos de los trabajadores, con la consecuente aceleración inflacionaria.
La medida –acompañada de otras como quita y rebaja de retenciones a los granos y carne, futura suba de tarifas en servicios públicos, desregulación del comercio exterior, suba de tasas de interés a favor de los bancos– se tomó de modo atolondrado, con el objetivo político-ideológico de cumplir con el establishment económico y actores de peso que dieron el voto a Macri a cambio de un beneficio, que el ex presidente de Boca les devolvió rápido. Las consecuencias están a la vista, sobre todo en las góndolas de los súper. Es un ajuste ortodoxo a la vieja usanza que los liberales de derecha llaman “sinceramiento”.
Hasta el momento, la revolución de la alegría invitó a la fiesta a unos pocos y dejó afuera a las mayorías populares. La megadevaluación de Macri está a tono con otras grandes devaluaciones de la historia Argentina. El primero en aplicar una fuerte devaluación del peso (más del 68 por ciento) fue Arturo Frondizi en 1958. La segunda fue en 1962 durante el gobierno de José María Guido (64,5 por ciento). En 1975, previo al golpe de Estado, el entonces ministro de Economía Celestino Rodrigo subió casi el ciento por ciento el tipo de cambio de un solo saque, con liberación de precios, suba de tarifas y congelamiento de salarios. El funcionario del gobierno de Isabel Perón aplicó un ajuste brutal que fue caldo de cultivo para la irrupción de la dictadura de Videla y compañía. Aquel episodio pasó a la historia como “Rodrigazo”.
En 1981, el ministro de Economía de la dictadura sucesor de Martínez de Hoz, Lorenzo Sigaut, reconocido por su frase “el que apuesta al dólar pierde”, hizo una sucesión de fuertes devaluaciones y en un año el tipo de cambio saltó casi 226 por ciento. La quinta gran devaluación fue en febrero de 1989 cuando la paridad cambiaria subió 61 por ciento con relación al mes anterior. En 2002, el presidente interino Eduardo Duhalde determinó en enero de ese año el fin de la convertibilidad y posterior shock devaluatorio: la paridad peso-dólar trepó de 1 a 3 de diciembre de 2001 a marzo del año siguiente.
El mismo día que Prat Gay anunció la megadevaluación, el presidente de la Nación y su familia visitaron por la noche a la diva de los teléfonos, Susana Giménez, confesa votante de “Mau”, como lo llamó durante la empalagosa entrevista televisiva. Después del zarpazo al bolsillo que representa una devaluación de este tenor, Macri fue a lo de Susana e hizo su ingreso al estudio con el clásico tema We are the champions, de Freddie Mercury, líder de la banda de rock británica Queen, de la que es fan “Mau”. Fue inevitable pensar en postales de otros tiempos. En el comienzo de su gobierno, como ya pasó en los 90, Macri hizo “cirugía mayor sin anestesia” sobre los bolsillos de los asalariados, jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales.
Después de la primera vuelta electoral, los formadores de precios empezaron a cubrirse de la devaluación anunciada por Macri, dando por sentado un triunfo del líder del PRO. Aunque no se conformaron con las remarcaciones concretadas y, post devaluación, avanzaron en nuevos movimientos de precios aprovechando un relajamiento de controles del Estado. Macri advirtió que el gobierno podrá recurrir a “abrir la importación” para generar mayor oferta en aquellos rubros que puedan reflejar un incremento de precios mayor al esperado, al afirmar que se observó “algunos deslizamientos” de los costos de la canasta básica, en consonancia con el paquete inflacionario que aplicó a pocos días de sentarse en el sillón de Rivadavia.
Como respuesta al recorte en el poder adquisitivo de los salarios por la escalada inflacionaria, gremios de las distintas centrales obreras –que discuten reunificación a partir del nuevo gobierno–reclaman un bono de fin de año para compensar los incrementos de precios y advierten que en las paritarias de marzo-abril podrían llegar a reclamar aumentos que van del 30 al 50 por ciento. La CTA-Yasky, CTA-Micheli, CGT-Caló y CGT-Barrionuevo salieron a torear a Macri después de que el presidente y su ministro Prat Gay dijeran que el bono no está en agenda. Los camioneros de Hugo Moyano, con aval oficial, pactaron un plus que va de los 5 mil hasta los 12 mil pesos según la categoría. El presidente de Independiente da su respaldo crítico al macrismo y saca rédito. En tanto, los camioneros que trabajan en la planta automotriz de General Motors en Alvear consiguieron un adicional de 6.500 pesos.
En Santa Fe, ATE, docentes y médicos también exigen a la administración Lifschitz el pago de un bono de fin de año para hacerle frente a las remarcaciones y a los efectos de la devaluación amarilla. El ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, y el propio gobernador dijeron que las arcas provinciales no están en condiciones financieras de atender el reclamo de los empleados públicos. Incluso, Lifschitz sostuvo que será imposible adelantar las negociaciones paritarias a enero. Los trabajadores municipales también demandan un plus de fin de año, pero la intendenta de Rosario Mónica Fein alejó esa posibilidad. Habrá que ver.
Volviendo a la Nación, Macri le cerró la puerta al pedido de estatales por un bono, aunque, admitiendo la disparada inflacionaria, otorgará, por única vez, una suma fija extra de 400 pesos antes de fin de año a beneficiarios de la asignación universal por hijo, madres embarazadas y jubilados que cobran la mínima. Además, el gobierno había anunciado que tiene en carpeta extender la AUH a monotributistas. Los anuncios, frente al deterioro de los salarios, jubilaciones y asignaciones, son un vaso de agua en el desierto.
Como se señaló más arriba, Macri afirmó que su gestión se centrará en los próximos meses en “bajar la inflación”, para lo cual si es necesario se abrirán más las importaciones para aumentar la oferta, una política que afectaría de lleno en la industria nacional y generaría desempleo.
El sol no se pueda tapar con la mano ni con la portada de un diario ni un zócalo de un canal de televisión. Entretenidos con los culebrones del motorhome de Vicuña y sus dos mujeres, y la detención de Moria en Paraguay, los grandes medios decretaron un cepo informativo para las críticas al gobierno de Macri y ningunearon el multitudinario acto en la plaza de los dos Congresos del kirchnerismo en defensa de la ley de medios y contra las primeras medidas económicas del gobierno de Cambiemos, al igual que la designación de dos ministros de la Corte Suprema mediante un decreto presidencial. Fue la primera movilización masiva opositora, que empezó a marcar el pulso del rol que ocupará en la escena política el peronismo y el Frente para la Victoria.
El nombramiento por decreto de dos jueces para completar las vacantes en la Corte fue un grosero error político del gobierno de Macri, acción que fue cuestionada por propios y extraños. Un juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, hizo lugar a una medida cautelar que suspendió el decreto de designación en comisión de Carlos Rosenkrantz y el santafesino Horacio Rosatti en el tribunal supremo. El fallo ordena que la Corte no les tome juramento a los dos abogados designados por Macri porque “afecta la división de poderes y la independencia de los jueces”.
