Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires

El proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Ministerio Público Fiscal fue enviada al senado el 5 de abril, y fue presentada publicamente por el ministro de Justicia Germán Garavano, en el marco de un paquete que estaba direccionado a transformar el sistema de Justicia. Según el oficialismo, la iniciativa le aportaría más eficiencia y transparencia para dar respuesta al crimen organizado y terminaría con la celebre frase popular que enuncia «entran por una puerta y salen por la otra».

Inicialmente, la propuesta que se volcó en el área de la Procuración, y que rozaba a Alejandra Gils Carbó, contemplaba designar cuatro subprocuradores que se seleccionarían sin concurso ni mayorías especiales y un Consejo General. La misión de los nombrados apuntaría a diseñar la política criminal o elegir titulares de unidades especializadas. Además, quitaba la estabilidad al procurador y lo pueden echar sin juicio político. El mismo día de la presentación la Corte Suprema abono el espíritu de la reforma cuando “suspendió las resoluciones dictadas por la Procuradora actual”.

El proyecto aprobado por Cambiemos con el acompañamiento del Frente Renovador y Progresistas, limita el mandato del procurador a cinco años, pero no aclara la situación de Gils Carbó. El dictámen fue emitido durante la reunión de las comisiones de Justicia, Legislación Penal, y Presupuesto. El oficialismo ratificó que buscará sancionar esta iniciativa en la sesión del miércoles 26 de este mes.

La reforma a la orgánica de la ley de Ministerio Público Fiscal, que logró Cambiemos que puede remover a la procuradora Alejandra Gils Carbó tuvo una polémica inesperada a horas del “primer paro de mujeres” en el marco de la campaña “Ni Una Menos”: en la iniciativa parlamentaria no se incluyó la Unidad Fiscal contra la Violencia de Género, y la unidad especializada en secuestros extorsivos, los programas Derecho Laboral y Derecho de Defensa al Consumidor. Solo se hace mención de las unidades especializadas de narcotráfico, de criminalidad económica, y de trata de personas.

Tras un amplio debate el proyecto inicial fue modificado y se aprobó. Mientras se avecinaba el final de los argumentos esgrimidos por los parlamentarios a favor y en contra, que marcaron la profunda diferencia entre los distintos bloque políticos, Conclusión, entrevistó a distintos diputados que dieron tratamiento al tema, así la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Diana Conti, advirtió que «el ministerio Público es según la Constitución Nacional, en su artículo 120, es un órgano extra poder».

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Diputada Diana Conti

Según Conti, el organismo posee «autonomía funcional y autarquía financiera, y no puede una bicameral del Congreso, ni menos la comisión de Seguridad Interior del Ejecutivo, condicionar la gestión del ministerio Público Fiscal, por estar prohibido por la Constitución, como también lo está destituir a través de una ley a un funcionario sin que existan causales de mal desempeño que amerite la acusación de diputados y los dos tercios de votos en el Senado para llevar adelante su remoción, por lo tanto el FpV firmará un dictamen de rechazo».

Consultada si da crédito a las imputaciones de parcialidad con que fue acusada por Cambiemos la Procuradora General de la Nación, Gils Carbó, la legisladora dijo que «hay gobiernos a los que les molesta la independencia del funcionario y por eso hacen esta ley con la que buscan maniatar a la procuradora, para condicionarla desde el Ejecutivo y la comisión Bicameral».

Y advirtió sobre el peligro que entraña esta aprobación al decir:»Ellos esperan lo que pasa en todos los rubros, como el proyecto político que están llevando adelante no cierra sin represión necesitan fiscales que avalen la represión y militares que ingresen a los territorios y ejerzan la fuerza, buscan un ministerio Público adicto al pensamiento de Patricia Bullrich y de Macri», finalizó la diputada Diana Conti.

Por su parte, el diputado nacional por Misiones del Frente Renovador, Jorge Franco, fijó posición diciendo:»No estamos de acuerdo en que  se busque y que se trate esta reforma como una cuestión coyuntural y parcial, porque obedece a necesidades de urgencia y no para la república, es lo que discutimos».

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Diputado Jorge Franco

Consultado por Conclusión si esta de acuerdo en limitar el mandato de la procuradora Gils Carbó, Franco contestó que «si el objetivo del proyecto es la transparencia en la gestión pública, estamos de acuerdo pero si el Ejecutivo solo persigue resolver un problema circunstancial, no lo voy a acompañar porque se esta buscando resolver un problema que obedece a una urgencia política con una herramienta importantísima para la república como es la figura de la Procuración General de la Nación».

Preguntado por este medio que finalidad tendría entonces este avance del Ejecutivo y que sensación le deja, el legislador respondió «tengo la sensación que tiene todo el mundo, que existe una cuestión de piel con la Procuradora actual», finalizó el misionero Jorge Franco.

El diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Néstor Pitrola, dijo a este medio que su bloque «esta en contra del proyecto, porque es una lucha entre camarillas, se iría Gils Carbo y llegaría su homónima macrista, éste es un espacio que ha sido y es funcional al poder político, el Gabinete offshore quiere fiscales propios, esto no sera convalidado por el FIT.

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Diputado Néstor Pitrola

Y continuó manifestando:»Nos opusimos desde un primer momento al sistema acusatorio que le da al fiscal un poder de investigar muy grande, porque le otorga más poder a la policía y por lo tanto se acentúa la arbitrariedad del Estado. No estamos de acuerdo con un régimen que con la excusa de acelerar la Justicia, le potencia esa arbitrariedad a un Estado que está complicado con el delito organizado.

No vemos solución a la inseguridad y el narcotráfico, aca lo que hay es una disputa de poder el Frente Renovador esta buscando nombrar sus propios fiscales y no lo vamos a convalidar.

Preguntado cual es la reforma que propugna su bloque, Pitrola respondió que «el frente de izquierda propone que jueces y fiscales sean elegidos por el voto ciudadano». «La Justicia Federal no mejoró, hoy están en la palestra solo las causas del Gobierno anterior y las de este no existen, tenemos una Justicia amañada. Recién denunció la diputada Stolbizer  -gran socia política del Gobierno- que el Gobierno frena la causa de Cristina en beneficio propio, esto es una mugre que hay que limpiar», concluyó Néstor Pitrola.

De acuerdo al texto aprobado, el cargo de Procurador General durará cinco años, con posibilidad de ser extendido por cinco más, a solicitud del Presidente; por lo que se descuenta que la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, designada durante la gestión Kirchner y con mandato hasta los 75 años según la Constitución, dejaría su cargo en de 2017.

La procuradora estaría pensando judicializar el tema, si el proyecto es aprobado en ambas cámaras.