El Gobierno presentó un recurso ante la Corte para que levante la suspensión de la reforma laboral
A través de la Procuración del Tesoro, la Secretaría de Trabajo nacional acudió al máximo tribunal para que deje sin efecto la suspensión de más de 80 artículos de la norma, dictada por un juez nacional.
El Gobierno utilizó el instituto del per saltum -que permite saltear instancias judiciales- con una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que levante la suspensión de más de 80 artículos dictada por el juez laboral Raúl Ojeda. De esa manera, busca que entre en vigencia la norma que llama de “modernización laboral”, y que había sido cuestionada en la Justicia laboral por la Confederación General del Trabajo (CGT). El máximo tribunal no tiene plazos para responder el planteo de la Casa Rosada.
El juez Ojeda había suspendido más de 80 artículos de la ley de reforma laboral aprobada por el Congreso en febrero pasado ante un planteo judicial de la CGT que atacaba el carácter regresivo de la norma y la afectación de derechos humanos.
El magistrado otorgó una cautelar solicitada por la organización sindical con efecto suspensivo, por lo que el articulado cuestionado no podía aplicarse hasta que se resolviese la cuestión de fondo. Es decir, si se trata de artículos inconstitucionales o que se apegan a la letra de la carta magna nacional.
Ante ese planteo, el Gobierno recurrió el último miércoles a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el instituto del per saltum, que permite solicitarle al máximo tribunal su intervención en un caso cuando se cumplen una serie de requisitos. Fundamentalmente, la Casa Rosada cuestionó el efecto suspensivo de la cautelar dictada por Ojeda en favor de la CGT.
El recurso de per saltum fue interpuesto por los abogados de la Procuración del Tesoro Nacional en nombre de la Secretaría de Trabajo. El texto señala: “Solicitamos se conceda el recurso interpuesto, se declare su admisibilidad y se suspendan los efectos de la sentencia recurrida hasta tanto vuestra excleencia resuelva de manera definitiva el presente recurso”.
Además, solicita que “oportunamente, revoque la sentencia apelada en cuanto es materia de agravio, por cuanto ha sido dictada por un juez incompetente declarándose además la inexistencia de caso y de legitimación activa colectiva”. El Gobierno sostiene que se trata de un caso federal porque afecta al Poder Ejecutivo de la Nación, por lo que la disputa debe resolverse en el fuero contencioso administrativo y no en el laboral.
También cuestiona que el juez Ojeda no haya adoptado su decisión sobre un caso particular, porque según su criterio la CGT no invocó una afectación directa sino que realizó un planteo general sobre la constitucionalidad de algunos de los artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso.
El texto del recurso presentado ante la Corte señala que “en lo que hace a la presentación en particular, cabe señalar que, en oportunidad de presentar el informe previsto en el artículo 4 de la Ley N° 26.854, fue planteada la ausencia de ‘caso’ o ‘controversia’ judicial, al entender que la CGT impugnó un sinnúmero de artículos de una ley emanada del Congreso Nacional, sin identificar un solo acto concreto de aplicación que le haya causado un perjuicio determinado, ya sea en su carácter de confederación, o bien al resto de la entidades sindicales que la componen o a los trabajadores nucleados en ellas”.
En su planteo, el Gobierno solicitó al máximo tribunal el efecto suspensivo del recurso, de decir, que se levante la suspensión de los artículos que dictó el magistrado del fuero laboral, que además cuestiona por incompetente para tratar la medida cautelar.
El abogado laboralista santafesino Juan Manuel Pusineri, ex ministro de Trabajo de la provincia, recordó este viernes que “la Corte ya dejó sin efecto una medida judicial que suspendía la Ley de Medios, en una acción promovida por el entonces diputado nacional Enrique Thomas”, por lo que existe un antecedente de resolución por parte del máximo tribunal de una cautelar.
El planteo de la CGT apunta a la representación colectiva que tiene la central obrera para solicitar la medida cautelar porque existen “derechos laborales en juego y un impacto masivo”, señaló Pusineri, así como una “posible regresión masiva en materia de de Derechos Humanos”.
Para el abogado, lo que está en juego en la disputa judicial es la “facultad de los jueces para suspender provisoriamente leyes regresivas en materia de Derechos Humanos” y, a la vez, el “alcance de las acciones colectivas”.