Los taxistas de Barcelona y Madrid han realizado huelgas y manifestaciones como protesta a las políticas de las administraciones públicas a favor de los servicios de alquiler como Uber o Cabify.

La huelga de taxistas convocada en Barcelona tuvo un seguimiento «prácticamente total», según dijo el secretario intercomarcal de Barcelona del Sindicato del Taxi de Catalunya (STAC), Carlos Fernández.

En este sentido, los sindicatos protestan por la progresiva liberalización del sector, que emplea en el área metropolitana a 10.500 taxistas, con el incremento de las licencias para los vehículos de alquiler con conductor y reclaman a las administraciones públicas que frenen estas autorizaciones.

Los taxistas iniciaron una marcha a pie, donde una delegación se entrevistó con algunos grupos parlamentarios y enarbolaron pancartas en las que se podía leer «Por el futuro del taxi», «No más tratos de favor ni privilegios».

Las manifestaciones en Madrid, en cambio, llevaron menos horas. Las asociaciones que convocaron la movilización -Asociación Gremial del Taxi de Madrid, la Federación Profesional del Taxi de Madrid, la Asociación Madrileña del Taxi y Élite Taxi Madrid-, reclamaron al Consistorio «un giro de 180 grados en su actual política favorecedora de la privatización de dicho servicio para su prestación mediante vehículos de alquiler con conductor organizados por las multinacionales Uber y Cabify».

En tanto, la asociación de vehículos con conductor Unauto VTC dio a conocer la otra cara de las protestas. Dicho organismo denunció «actos violentos y amenazas» por parte de varios taxistas a sus profesionales durante las protestas del taxi contra el sector VTC en Madrid y Barcelona. Según afirmó Unauto, durante el acto se registraron casos de amenazas y agresiones.

«Pedimos a las fuerzas de seguridad del Estado que actúen inmediatamente para terminar con esta insostenible situación que lleva ya meses produciéndose», ha reivindicado la asociación en un comunicado.

Asimismo, recordaron que las licencias VTC «son licencias de servicio público» y que sus conductores «operan cumpliendo escrupulosamente la ley de transporte terrestre (ROTT)». Por otra parte, ha hecho un llamamiento al sector de taxi para que «condene estas actuaciones y colabore con las autoridades para identificar a los agresores».