Grave denuncia contra la comunidad terapéutica «Fundación San Camilo» pone en jaque a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, así como a la Dirección Provincial de Salud Mental. Es que las concejalas Norma López, Marina Magnani y Fernanda Gigliani aseguran que en la Fundación, ubicada en la localidad porteña de Pilar, las personas sufren maltrato y diversos tipos de abusos.
«Hay una serie de irregularidades con temas vinculados a la esclavitud, la tortura, abuso sexual, maltrato, medicación colocada no en forma terapéutica sino como castigo, familiares que no pueden contactarse con sus hijos vía telefónica, pacientes que son controlados sobre lo que hablan y dicen a sus familiares», expusieron.
Bajo ese contexto es que solicitan trasladar a los adolescentes, niños, jóvenes y adultos a su ciudad de origen -provincia de Santa Fe- y que los organismos responsables se hagan cargo del asunto, así como de una futura contención.
El decreto 49.610 expone en su Artículo 1º: «Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal para que solicite a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe y a la Dirección Provincial de Salud Mental que analicen las denuncias formuladas contra la comunidad terapéutica ‘Fundación San Camilo’, respecto de la situación de las personas allí internadas, y de corresponder, arbitre las medidas necesarias para el inmediato traslado de los y las jóvenes, adolescentes y adultos alojados en la misma hacia su ciudad de origen».
«Pedimos que rescaten a las personas santafesinas alojadas en San Camilo y que les den un amparo en todo tipo de tratamiento que necesiten», indicaron a coro para luego destacar que no son solamente ellas quienes están denunciando la problemática sino toda una serie de organizaciones que vienen reclamando desde hace tiempo y avalan el pedido.
Según explicaron, una serie de denuncias las pusieron sobre alerta y pudieron descubrir que «muchos pibes estaban siendo trasladados compulsivamente a San Camilo y que no se trataba solamente de menores -alberga entre 15 y 17 de la provincia-, sino también jóvenes adultos -entre 5 y 6- derivados desde la Dirección Provincial de Salud Mental, que soportaban pésimas condiciones».
En ese sentido, dijeron que ya existe una causa judicial iniciada porque se registraron dos muertes en la Fundación, pero pese a ello «la provincia no reacciona y seguimos teniendo jóvenes alojados allí».
«La Dirección de Niñez expone a los chicos a situaciones terribles, no ha tenido voluntad política para hacer ningún tipo de revisión clínica», señaló Gigliani y agregó que «estas situaciones podrían abrir también demandas internacionales contra el Estado argentino, porque hay una violación sistemática de los derechos del niño, que pasan por diferentes instituciones y en todas son maltratados sin que ningún órgano del Estado los defienda».
Además de tales denuncias, las concejalas manifestaron que han detectado que «algunas áreas de la provincia empezaron a perseguir a los trabajadores que están denunciando esto, y empiezan a ser desplazados de sus cargos».
Por su parte, Mario López, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, complementó la información brindada por las ediles lamentando las «condiciones de horror» que viven los chicos: «Están sobremedicados, son brutalmente castigados, durante el primer mes no pueden contactarse con nadie, y muchas veces los mandan a celdas de aislación, donde pueden pasar 2 o 3 días encerrados».
«Las instituciones en Rosario no tienen inspecciones ni auditorías de la provincia, imaginen lo que es en una zona rural de la provincia de Buenos Aires», cerró Mario López.
