El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy una serie de medidas, apuró otras que ya estaban en curso y pidió colaboración a distintas reparticiones del estado en el marco de la causa en la que se investiga si el gobierno kirchnerista encubrió operaciones bancarias del empresario Lázaro Báez.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el magistrado se comunicó hoy con la Cancillería para insistir en la búsqueda de una respuesta al exhorto librado en 2014 a Estados Unidos, en el que se había solicitado una copia del Discovery, la acción judicial que recopiló la información relacionada con empresas de Báez.
Las fuentes se mostraron esperanzadas en que el proceso se agilice a partir del relanzamiento del vínculo entre la Argentina y los Estados Unidos, producida a partir del cambio de gobierno argentino.
Los movimientos en el expediente trascendieron esta tarde luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Economía Axel Kicillof sean citados a prestar declaración indagatoria bajo la sospecha de que participaron de una maniobra para ocultar las operaciones bancarias relacionadas con Báez.
El pedido se produjo en el marco de un expediente que se abrió dentro de la causa por la cual se encuentra detenido el empresario, que amasó su fortuna como concesionario de obra pública y que está acusado por presunto lavado de dinero.
La causa se inició el 10 de junio a partir de un informe presentado por el actual Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, sobre el denominado proceso Discovery -con el que se busca recolectar la mayor cantidad de información posible sobre un caso-, iniciado por el fondo NML de Paul Singuer para rastrear activos, por ejemplo de Báez, en los Estados Unidos.
Los «fondos buitre» buscaban información financiera de empresarios y otras personas con presuntos vínculos con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del litigio internacional que mantenían con Argentina en relación a la deuda externa.
Del informe presentado por Balbín, se desprendía el estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP con sede en Nueva York, que representaba a la Argentina, que en 2103 comenzó recibir la información relacionada con Báez y que la misma fue girada a la entonces procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
Fuentes judiciales informaron que Casanello planea tomarle declaración testimonial a los integrantes del estudio que representaba los intereses Argentinos en el Discovery, por lo cual analizaría la posibilidad de solicitar viajar a Nueva York junto con el fiscal Marijuan.
El magistrado le pedirá además colaboración a la Unidad de Información Financiera para que analice si hay alguna matriz de operaciones sopechosas, y a la AFIP, para que determine si entre los mencionados en el Discovery hay más contribuyentes argentinos.
Marijuan ya había pedido que Abbona fuera llamado a prestar declaración indagatoria junto con su subprocurador, Horacio Diez, y con el entonces secretario de Legal y Técnica del ministerio de Economía, Federico Teah. Antes de decidir en relación a ese pedido, Casanello solicitó el registro de llamadas entrantes y salientes de los tres ex funcionarios.
Piden indagatoria a Cristina Kirchner y a Kicillof por omisión de denuncia
