La Justicia vaticana solicitó un año de cárcel para Gianluigi Nuzzi, uno de los periodistas acusados de divulgar documentos secretos de la Santa Sede en el ámbito del proceso conocido como «Vatileaks 2». Al mismo tiempo solicitó la absolución «por falta de pruebas» para su colega Emiliano Fittipaldi y penas de entre 27 y 45 meses para los tres ex empleados del Vaticano imputado.
Nuzzi y Fittipaldi están imputados por haber divulgado en sus respectivos libros «Via Crucis» y «Avarizia», ambos del año pasado, documentos reservados sobre la Cosea, la comisión que el papa Francisco impulsó en 2013 para sanear y reformar las finanzas vaticanas.
La Justicia vaticana pidió también una condena de tres años y nueve meses para la laica y ex miembro de la Cosea Francesca Chaouqui, acusada de ser el nexo entre los periodistas y el religioso español Lucio Vallejo Balda, encargado de la comisión y para quien se pidió tres años y un mes de reclusión.
Para el quinto imputado, el ex empleado del Vaticano Nicola Maio, los promotores de Justicia vaticanos pidieron un año y nueve meses de prisión, considerando que fue «partícipe, pero con responsabilidad menor en la asociación para el delito» por la que está acusado junto a Chaouqui y Vallejo Balda.
Las sentencias del juicio iniciado en noviembre pasado se conocerán posiblemente el miércoles, tras los alegatos de los abogados defensores que iniciarán mañana.
Los promotores de Justicia remarcaron también el «vínculo asociativo» y la «estructura organizativa» que se había dado entre los imputados para poner en marcha el robo y filtración de documentos que consideraron un «peligro para el orden público y para la seguridad del Estado vaticano».
Vallejo fue indicado durante la audiencia de este lunes como el «promotor de la asociación para delinquir» y se le atribuyó «el comportamiento más grave» entre los cinco imputados. Durante los pedidos de sentencia, la Justicia vaticana denunció que hubo una «sobreabundancia de comunicaciones y actividades comunes» entre los imputados.
Además, recordó que los acusados de haber formado una «subsecretaría en las sombras» tenían un «archivo paralelo» con datos bancarios y financieros de la Cosea, que afectaba varios organismos del Vaticano.
Los promotores de Justicia recordaron también cómo los tres ex empleados vaticanos imputados buscaban alejar «lo más posible» los servidores que contenían la información de la Cosea de la Gendarmería vaticana.
A fines de 2015, Vallejo Balda reconoció en las audiencias ser el «topo» que había robado y dado a los periodistas una serie de documentos secretos de la Cosea, que luego terminaron en los dos libros de investigación.
Las pericias informáticas divulgadas durante el juicio confirmaron que Vallejo Balda entregó a Nuzzi un listado con 85 claves que servían para abrir todos los documentos que había elaborado la Cosea y que estaban en el correo electrónico del religioso español.
De todas formas, Nuzzi se defendió por la publicación de los documentos y aseguró durante las audiencias de abril: «No podía no hacer mi trabajo. Cuando me entero de una noticia, mi deber es publicarla. Esa es la obligación de un periodista».
A mediados de junio de este año, de todas formas, Vallejo Balda, que permanecía encarcelado desde noviembre , fue dejado en una «semi libertad» que le permite moverse dentro del Estado del Vaticano.
Entonces se conoció también el nacimiento del hijo de Francesca Chaouqui, otra de las cinco imputadas en el escándalo que investiga las filtraciones en la comisión que luego derivó en la secretaría de Economía dispuesta por el Pontífice para ordenar las finanzas vaticanas.
Por otro lado, según indicaron las pericias, Vallejo Balda contrató al esposo de Chaouqui por 110 mil euros para que diseñara el server en el cual se alojaban los documentos que producía la comisión, así como las claves para abrir esos archivos.
Durante el proceso iniciado a fines de 2015, el Secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin aseguró «no tener nada que decir» sobre los vínculos entre los acusados y, amparado en el artículo 248 inciso 2 del Código procesal Penal de la Santa Sede, se negó a comparecer como testigo y se limitó a dar por escrito una declaración.
La divulgación de documentos reservados «contra la seguridad del Estado», es «un delito en virtud de la Ley no. IX del Estado de la Ciudad del Vaticano (13 de julio de 2013) artículo. 10 (art. 116 bis C. P.)», con una pena de 4 a 8 años de cárcel».
