Después de meses de multitudinarias protestas, de divisiones públicas en el oficialismo y de debate parlamentario, la cuestionada reforma laboral impulsada por el presidente francés, Francois Hollande, fue aprobada hoy de forma definitiva, luego que la oposición no consiguiera presentar una moción de censura.
«Al no haberse presentado ninguna moción de censura (…) el proyecto de ley se considera adoptado en lectura definitiva», anunció hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolone, en una breve intervención en la que también dio por terminada la sesión extraordinaria de la Cámara alta, que no volverá a reunirse en plenario hasta después de las vacaciones de verano, en septiembre próximo.
Desde el principio, el proyecto de reforma fue cuestionado en las calles y provocó una división interna en el oficialismo socialista, al punto que las dos veces que el texto pasó por la Cámara baja, el primer ministro, Manuel Valls, tuvo que recurrir a un artículo de la Constitución Nacional que otorga una media sanción sin someter la iniciativa a una votación.
El artículo, el 49.3, sin embargo, habilita que la oposición presente una moción de censura y haga caer el proyecto de reforma. Pese a repetidas amenazas, la izquierda crítica no logró conseguir los votos necesarios y la derecha, que se encuentra dividida de cara a sus próximas primarias presidenciales, no quiso abrir la puerta a una posible caída del gobierno de Valls y una eventual crisis política nacional.
La reforma, que ahora debe ser promulgada por Hollande, provocó protestas, manifestaciones y huelgas en su contra desde que se conoció su primer esbozo en febrero pasado, aunque su redacción final quedó sustancialmente modificada tras la concertación con los sindicatos llamados «reformistas» y, en particular, con la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT).
No ocurrió lo mismo con la Confederación General de Trabajadores y la mayoría de los sindicatos franceses, que hasta el día de hoy sostienen que busca flexibilizar aún más el mercado laboral y quitar derechos a los trabajadores.
Uno de los puntos del texto que más oposición provoca es el que da primacía a los acuerdos laborales y salariales por empresa en vez de los tradicionales acuerdos por sectores productivos, más conocidos como paritarias.
Al igual que los sindicatos, la mayoría de los franceses está en contra de una iniciativa impulsada por un gobierno cada vez más impopular y que el año próximo deberá renovar su mandato en las urnas, en un escenario muy incierto en el que la extrema derecha de Marine Le Pen no para de crecer en las encuestas.
