El presidente Javier Milei y sus colaboradores de confianza estudian la posibilidad de impulsar por decreto la derogación de la actual ley de movilidad jubilatoria e impulsar una nueva fórmula de aumentos de haberes que expulsaría afuera del sistema a los casi 4 millones de personas que se jubilaron a través de la modalidad de moratorias previsionales de los últimos 20 años, cuyos aportes no fueron realizados por los empleadores evasores.
El Ejecutivo cree que la oportunidad estaría se da con el comienzo del período ordinario de sesiones en el Congreso, cuando se vuelva a tratar la Ley Bases para la Libertad de los Argentinos, pero en caso de no poder capitalizar el apoyo de las bancadas que conforman el cuerpo, tomaría la iniciativa de realizar las reformas que cree indispensables por decreto. Así lo hizo saber una fuente de la Rosada al medio A24.
Es decir, Milei ya tomó la decisión de modificar la movilidad por decreto en caso de que el paquete que el pretende no sea aprobado en el Congreso. Según la fuente, el mandatario sostiene a rajatabla que la pérdida de los jubilados frente a la inflación es responsabilidad de los legisladores y gobernadores de la oposición, que rechazaron el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso en sesiones extraordinarias.
Para el equipo gobernante la desfinanciación del sistema previsional es responsabilidad de anteriores gobiernos que ocasionaron injusticias e inequidad que se reflejan en las condiciones imperantes en el presente,»los que sí aportaron trabajando toda su vida, hoy están cobrando jubilaciones apenas por encima de la jubilación mínima», por debajo de la línea de pobreza.
En números, según la misma fuente, los que se jubilaron por moratoria representarían cerca del 90% de los jubilados que perciben el haber mínimo. Milei evalúa la creación de un mecanismo por el cual se los diferencie de los que sí aportaron recursos al sistema previsional.
El oficialismo sostiene que no abandonará a esos jubilados sin que perciban algún tipo de subsidios, pero si deben dejar de pertenecer al sistema de previsión social por no haber cumplido los requisitos legales y pasen a un sistema de subsidios distinto, más relacionado a los beneficios de planes sociales.
Fernández Pastor denunció la jugada
La maniobra fue denunciada el 27 de enero por Facundo Fernández Pastor, quien había advertido: «Con la emergencia en materia previsional el PEN va a poder cambiar la tasa de sustitución, la edad y los años de servicio con aporte para acceder a los beneficios, y sacar los impuestos de afectación específica y las transferencias del teroso a la Anses, para decir que está quebrado (cosa que ya dicen) y privatizar el sistema de jubilaciones y pensiones -volver a las AFJP-, como decía en su campaña el presidente Javier Milei».
«También, tal cual lo copió la consultora de Osvaldo Giordano del informe del Cippec, terminar con los regímenes especiales que aportan más y se jubilan antes y con un porcentaje de movilidad especial más por ser insalubres o por tener el Estado un interés especial es fomentar esa actividad, y por supuesto, también dar de baja a como quería Nicolás Dujovne y los «jubilados de la moratoria» que no sólo no es cierto que no aportaron, sino que aportaron dos veces, la primera a través de sus impuestos y, la segunda, pagando a través de un plan de pagos, lo que no pagaron sus empleadores que los tuvieron en negro», precisó el especialista.
En el equipo más cercano a Milei, descartan la posibilidad de impulsar leyes por separado, como reclamaba la oposición.
