La diputada Nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, afirmó que el presidente Mauricio Macri no debería apelar al fallo que ordena dejar sin efecto el aumento de tarifas, a la vez que objetó que “el aumento fue brutal e ilegal y deberían dar marcha atrás”.
Hasta el momento son nueve provincias donde la Justicia falló en contra de la aplicación del aumento de tarifas tal como fue dispuesto. A su vez, dos fallos de alcance nacional fueron dictados ayer por la Cámara Federal de La Plata dictaminaron en la misma línea.
Por su parte, el Gobierno apeló las medidas y elevó un pedido de «per saltum» a la Corte Suprema de Justicia, para evitar las instancias intermedias y que la apelación recaiga directamente sobre la Corte.
A partir de aquí, Stolbizer señaló que el fallo de la Sala II del Foro Contencioso Administrativo, que pidió modificar las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía, fue “contundente y debe ser tenido en cuenta”.
En el mismo sentido, declaró que «la Justicia se expresó con fundados argumentos e ingresando en aspectos que hasta ahora no habían sido alcanzados por el resto de los jueces, y declaró la nulidad de las resoluciones que dispusieron los aumentos. Desde el gobierno Nacional no deberían apelar, y aceptar que las tarifas se deben retrotraer al momento previo a su dictado”.
“Desde el dictado de esas resoluciones advertimos que el proceso de decisiones sobre el aumento de tarifas tenía una grave falla: no se habían realizado las Audiencias Públicas y con ello no se había informado adecuadamente a la población el alcance de las medidas adoptadas, tal como lo prevé nuestra Constitución Nacional, normas internas, tratados internacionales y lo que ha sostenido a lo largo del tiempo el Poder Judicial y la concordante doctrina”, expresó Stolbizer.
“Las audiencias no tienen efecto vinculante, pero siempre son obligatorias. Porque así lo dice la ley y porque es la forma de garantizar participación, información y control como derechos de los usuarios y los consumidores”, añadió.
La diputada señaló que desde el Gobierno Nacional quisieron “invocar audiencias realizadas hace más de 10 años, pese a saber que no se puede establecer vinculación entre aquella y esta situación, sobre todo por que no reparó en que el contexto social y económico actual es muy distinto al del momento en el cual se realizaron esas audiencias”.
“Hoy nos dicen que esperaremos la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para definir la continuidad o no de las medidas que tanto daño se encuentran haciendo en la sociedad». “Qué es entonces lo que el gobierno le está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un tema de semejante envergadura social y con más que numerosos fallos de la Justicia sobre el mismo y en su mayoría con similares opiniones?, inquirió la diputada del GEN.
