La Justicia en lo Contencioso Administrativa de la Plata suspendió el aumento de las tarifas de cuatro de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que prestan el servicio en la provincia de Buenos Aires, según se informó oficialmente.
La medida fue dictada por el juez Luis Federico Arias al hacer lugar a una demanda del colectivo Acción en la Subalternidad contra una resolución del gobierno de María Eugenia Vidal, que aumentó las tarifas eléctricas entre un 100 y un 215 %.
La ONG había sostenido que ese incremento tarifario “nunca fue debatido en audiencias públicas”.
En consecuencia, el magistrado ordenó un recálculo de los cuadros tarifarios a las empresas Edelap (Empresa Distribuidora de Energía La Plata S.A.), Edesa ( Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.), Edeasa (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.) y Eden S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.).
“Las citadas empresas deberán emitir nuevas facturas con sujeción a lo dispuesto en el presente despacho cautelar”, sostuvo Arias en su resolución.
¿En Córdoba suspenden aumento del gas?
Alrededor de medio millar de cordobeses presentaron hoy un recurso de amparo colectivo, con pedido de medida cautelar, en el cual solicitan la suspensión de los efectos de los aumentos del servicio de gas, al considerar la medida inconstitucional y desmedida.
El abogado Horacio Viqueira fue el patrocinador del recurso que esta mañana ingresó al Juzgado Federal 3, que tiene como titular al juez Ricardo Bustos Fierro.
“No sólo que la resolución del aumento tarifario tiene el carácter de inconstitucionalidad, sino que por su cuantía es desmedido, que atenta seriamente contra las posibilidades económicas de las personas”, manifestó Viqueira a Télam.
El letrado precisó que si bien el tema de la inconstitucionalidad está planteado por la falta del requisito de la Audiencia Pública para establecer un nuevo cuadro tarifario, “hay un tema más de fondo que involucra directamente al Estado nacional por su insensibilidad en determinar aumentos con parámetros que no se ajustan a la realidad de las economías de las familias ni de los ingresos de los trabajadores”.
Viqueira afirmó que en algunos de los casos presentados en el recurso de amparo, se acreditaron “aumentos que superan el 1.000 por ciento de aumento” en el servicio de gas.
