El 3 de junio de 2015, cuando las organizaciones feministas contabilizaban que una mujer era asesinada cada 30 horas, la multitud que se concentró frente al Congreso, en Buenos Aires, se replicó en cientos de plazas de toda Argentina para decir «basta de femicidios».
A dos años de la primera marcha de #NiunaMenos, organizaciones feministas denuncian que la situación de vulnerabilidad de las mujeres en el país es cada vez más preocupante. Aunque desde el Estado aseguran que se avanza en el cumplimiento de los cinco puntos del petitorio original, coinciden en que la dificultad de las víctimas para acceder a la Justicia sigue siendo una deuda.
Bajo la consigna «Vivas nos queremos», el colectivo de mujeres que había convocado a la marcha presentó un petitorio con cinco puntos cuyo cumplimiento le exigía al Estado nacional, y el primero fue la implementación del Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres establecido en la Ley 26.485. El segundo fue el acceso a la justicia de las víctimas con personal capacitado y la obligatoriedad de brindarles un patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial.
También se solicitó la elaboración de un Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres, se exigió que se garantice su protección con monitoreo electrónico de los victimarios y la profundización de los programas de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos.
Acceso a la Justicia
A dos años de aquella lista, tanto el Consejo Nacional de las Mujeres, que preside Fabiana Tuñez, como el colectivo NiUnaMenos (NUM) coincidieron en que el acceso a la Justicia y la Educación sexual integral continúan siendo deudas del Estado.
Al respecto, Tuñez evaluó que «uno de los grandes problemas que tenemos son los estamentos machistas en la Justicia y fuerzas de Seguridad, que hay que derribarlos».
«La cultura machista y patriarcal es muy difícil de cambiar y es el principal desafío que tenemos como Estado y como sociedad», agregó.
Sobre este punto, el documento armado por NUM para la movilización de mañana fue contundente al afirmar que «el acceso real de las mujeres a la justicia mediante fiscalías y comisarías con personal capacitado con perspectiva de género sigue siendo una quimera».
«La misoginia continúa enquistada en todos los estratos del poder judicial, increíblemente aún en algunas fiscalías especializadas en violencia de género», advirtió ese texto.
Al referirse al patrocino jurídico gratuito, destacaron que «si bien ya es ley, no se instrumentó y no se ha promovido la conexión entre causas que se tramitan en distintos fueros».
En lo relativo a los programas de Educación Sexual Integral en todos los niveles, Tuñez destacó que si bien se encuentra vigente «es uno de los puntos en el debe porque se está trabajando para que las provincias lo implementen».
En la misma línea, el NUM advirtió que «muchísimas escuelas del país carecen del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que es ley desde 2006, y resulta esencial para educar a las nuevas generaciones en una cultura libre de violencia machista».
Por último, respecto a la protección de las víctimas, el Consejo Nacional de las Mujeres apuntó la responsabilidad del ministerio de Justicia de la Nación en la implementación de las tobilleras electrónicas en Mendoza, Chubut, Salta, Córdoba y Buenos Aires, en articulación con la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
