Amsafe rechaza el nuevo aumento que el Gobierno impuso sobre el servicio complementario de Iapos
A través de un comunicado, la entidad gremial dijo que "la medida implica incrementos de hasta el 30 % sobre el aporte mensual a la obra social, en un contexto de creciente deterioro del poder adquisitivo y pérdida salarial frente a la inflación".
La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) efectuó «el más enérgico rechazo» por el aumento que el Gobierno de Santa Fe oficializó sobre el valor del servicio complementario de Iapos.
A través de un comunicado, la entidad gremial dijo que «la medida implica incrementos de hasta el 30 % sobre el aporte mensual a la obra social, en un contexto de creciente deterioro del poder adquisitivo y pérdida salarial frente a la inflación».
«Desde Amsafe señalamos que esta decisión representa otro golpe directo al bolsillo de las y los trabajadores de la educación, que ya vienen soportando recortes, ajustes y una alarmante precarización en el acceso a la salud», añadió.
Más adelante desde Amsafe consideraron «inadmisible que, en lugar de garantizar el derecho a la salud, el Estado transfiera más costos a los trabajadores con subas desproporcionadas, mientras continúa el cobro de plus, la falta de pediatría, cardiología, la suspensión de prácticas médicas y otras deficiencias gravísimas en el sistema de atención».
«Subrayamos que la medida se toma sin ninguna instancia de consulta con los afiliados, lo que evidencia la necesidad urgente de democratizar Iapos y permitir la participación de las y los trabajadores en su conducción», reclamaron .
Por otra parte, advirtieron que el contexto económico es crítico dada la existencia de «salarios docentes por debajo de la línea de pobreza, tarifas de servicios con aumentos desproporcionados y alquileres en alza, y la «inflación creciente», como así también que no hay «ninguna recomposición salarial acorde a la recuperación real del poder adquisitivo».
Finalmente, desde la organización gremial exigieron que «se dé marcha atrás con este aumento y que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar el acceso a la salud como un derecho y no como un privilegio para quienes pueden pagar más».