Se oficializó la sesión especial pedida por la oposición para tratar emergencia en discapacidad y temas previsionales
Será este miércoles, pero desde el oficialismo anticiparon que no se convalidará la implementación efectiva de ninguno de esos costos, y que están dispuestos a vetar las iniciativas si se convierten en ley.
La presidencia de la Diputados, convocó formalmente a los legisladores a sesionar en el recinto de la Cámara baja el próximo miércoles a las 12, para tratar distintas iniciativas impulsadas desde la oposición, el temario incluye un incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, como también el Plan de Pago de Deuda Previsional para reparación histórica para jubilados y pensionados, más conocida como moratoria previsional, que según el cálculo del equipo económico tiene un costo de 0,2% del PBI.
La emergencia en discapacidad, que contempla el financiamiento de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores, la actualización de los nomencladores y el presupuesto sostenido de la ANDIS- representaría un 0,3% del PBI.
Así las cosas, se avanzará con la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
A lo anterior se suma en el temario del miércoles una serie de emergencias climáticas. Se trata de una declaración de zona de emergencia y situación de catástrofe a los distritos de la provincia de Buenos Aires por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado.
Existe además, la solicitud d declaración de zona de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva por el mismo motivo, y otras iniciativas para declarar la emergencia por 180 días prorrogables por igual plazo para los partidos alcanzados por el desastre de esa tormenta del mes de mayo.
Se incluyó también, la declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en las zonas del AMBA afectadas por inundaciones registradas en el mes de abril de este año.
Sin embargo, todas estas demandas generan un inversión que el Gobierno considera excesivo y opuesto al concepto de déficit que caracteriza a la administración libertaria.