Piden que la nueva Constitución de Santa Fe contemple y proteja a las clínicas y sanatorios 

La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario se reunió durante la mañana de este martes, en su sede de Zeballos al 1845, con algunos convencionales constituyentes y con representantes de colegios profesionales y autoridades de la salud de la Municipalidad y del Gobierno de Santa Fe para poner sobre la mesa las dificultades que afronta la salud privada y analizar cómo la nueva Constitución de la provincia –que comenzará a redactarse en las próximas semanas– puede dar algunas garantías al sistema.

En diálogo con los medios, entre ellos Conclusión, el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Pablo Quaranta, manifestó: “La idea es, aprovechando la Convención Constituyente, visibilizar la realidad del sector privado de la salud para de alguna manera poder incorporarlo dentro de la reforma”.

Y añadió: “Queremos visibilizar la importancia que tiene hoy la salud privada en Rosario y la provincia, que representa entre un 60% y 70% de la atención y de las camas, también por la cantidad de trabajadores que tenemos. La idea es ver de qué manera incluimos o aportamos algo a esa nueva Constitución”.

Por su parte, el abogado de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Arturo Araujo, señaló: “El sector privado de salud, integrado por sanatorios y médicos, abarca el 70% de las prestaciones. Esa circunstancia tiene que quedar reflejada en la Constitución para recibir la protección adecuada”.

El ex presidente del Colegio de Abogados de Rosario también advirtió que, si ante una situación extraordinaria, como la pandemia, llegase a colapsar el sistema privado, la provincia de Santa Fe se quedaría sin cobertura de salud porque los establecimientos públicos “no van a dar abasto”. “La nueva Constitución –apuntó– tiene que tener en cuenta la importancia del sector médico privado en la atención, para que sea una orientación para el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo a la hora de cada uno ejercer las atribuciones que le corresponden”.

Por último, Araujo destacó la complementación que hay entre el sistema público y el privado, pero pidió “profundizar” este trabajo conjunto. “Pedimos un reaseguro del Estado, que la importancia que la salud privada tiene y va a seguir teniendo por muchos años, quede reflejada en la Constitución”, finalizó.

A su turno, el vicepresidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la ciudad, Rodrigo Sánchez Almeyra, observó: “En la modificación constitucional de 1994 la Nación delegó el 100% de las facultades del manejo de la salud en las provincias, pero a eso no lo hemos podido volcar en nuestra Constitución porque no hubo reformas recientes”.

Tras asegurar que “no hay un enfrentamiento” entre la salud pública y la privada, el dirigente alertó que hay “unitarismo en los recursos”, y ejemplificó: “Pami se maneja desde Capital Federal, como las obras sociales y las prepagas importantes. Hay que regular un montón de cosas y vamos a aprovechar este momento para discutirlas”.

El senador nacional y convencional constituyente Marcelo Lewandowski observó: “La pandemia nos dejó una experiencia donde lo privado y lo público se conjugaron para llevar adelante un proceso virtuoso. En Santa Fe, independientemente de las desgracias, no quedó nadie sin ser atendido. Hay que replicar ese modelo y tenerlo en cuenta”.

En tanto, el médico sanitarista y diputado provincial, Miguel Rabbia, informó: “El artículo 19 de la Constitución actual garantiza, por parte del Estado provincial, la salud de todos los ciudadanos. Sabemos que el sector privado hoy garantiza al menos el 70% de las prestaciones en Santa Fe, por lo tanto es importante y trascendente escuchar a los empresarios locales, que son un motor económico muy importante para la ciudad, garantizan empleo directo para 10.000 personas e indirecto para 30.000”.

La crisis golpea al sistema de salud privado

Paralelamente, el sistema privado de salud afronta los embates de una crisis económica, donde muchos trabajadores fueron despedidos y perdieron su obra social, volcándose a los efectores públicos. A esto se suman los feroces aumentos en las cuotas de prepagas y el congelamiento en los aranceles que abonan las obras sociales, lo que dificulta el sostenimiento de prestaciones.

En este sentido, Lewandowski advirtió: “Es un momento muy difícil, a la gente le cuesta llegar a una prepaga, la sobras sociales están complicadas, hay muchos sectores desfinanciados, nadie la está pasando bien”.

Y Sánchez Almeyra añadió: “Hay un modelo que se está terminando, que es tratar de financiar la salud solamente con aportes salariales, cuando hay pocos asalariados y salarios bajísimos. En la mayoría de los países los aportes de salud raramente son de un solo lado, no son ni todos privados ni todos estatales, sino mixtos, intervienen los empleadores y compañías de seguros”.

Asimismo, reconoció que el pago que las obras sociales hacen a los profesionales de la salud es “irregular”, pero de momento no hay mora, aunque sí padecen “aranceles bajos, que tienen un atraso cercano al 40%”.