Ex militar confesó haber ideado un plan para asesinar a Lula
Mário Fernandes, general en retiro y ex funcionario del gobierno de Bolsonaro, admitió ante la Corte Suprema brasileña ser el autor del documento que proponía matar al mandatario y otras autoridades. El plan fue redactado tras las elecciones de 2022.
En una declaración ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, el general en retiro Mário Fernandes, quien se desempeñó como número dos de la Secretaría General durante el gobierno de Jair Bolsonaro, reconoció haber ideado un plan que contemplaba el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez Alexandre de Moraes.
El plan, denominado “Puñal Verde y Amarillo”, fue redactado en noviembre de 2022, pocos días después de que Lula fuera electo presidente. Según Fernandes, el documento fue elaborado como un “estudio de situación”, que, según él, no pasó de ser una “idea digitalizada” que nunca compartió ni distribuyó.
«No es más que un pensamiento mío digitalizado. Una recopilación de datos, un análisis de riesgos que realicé, y por costumbre, decidí escribirlo. Hoy me arrepiento de haberlo hecho», declaró ante los jueces.
No obstante, la investigación revela un panorama más complejo. De acuerdo con la Policía Federal, el plan fue discutido entre militares en la residencia del general Braga Netto, ex ministro de Defensa y compañero de fórmula de Bolsonaro en las elecciones de 2022. Además, testigos clave indicaron que hubo financiamiento y coordinación operativa.
En efecto, el teniente coronel Mauro Cid, ex ayudante de Bolsonaro, declaró que Braga Netto habría entregado dinero en una bolsa de vino al mayor Rafael Martins de Oliveira para apoyar la operación. Esta revelación encendió las alarmas del Supremo Tribunal Federal, en el marco de la causa por el intento de golpe de Estado de enero de 2023.
Por otra parte, Fernandes también mencionó que se discutía en el entorno presidencial un decreto para justificar la intervención del Ejecutivo sobre otros poderes, invocando supuestos fundamentos constitucionales. “Le pregunté al general Ramos si ese movimiento existe y es constitucional, ¿por qué no reforzarlo?”, afirmó.
A raíz de estos avances, el juez Alexandre de Moraes impuso nuevas medidas cautelares contra Jair Bolsonaro, incluyendo el uso obligatorio de una tobillera electrónica. Aunque el ex presidente violó algunas de estas restricciones, el magistrado consideró que se trató de un “hecho aislado”, por lo que decidió no endurecer las sanciones por el momento.