Milei vetó el aumento jubilatorio, la emergencia en discapacidad y la moratoria previsional

El presidente Javier Milei le bajó el pulgar al aumento jubilatorio, a la moratoria previsional y a la emergencia en discapacidad. Mediante el Decreto 534/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el mandatario vetó las tres leyes que habían sido aprobadas por el Congreso semanas atrás. Ahora, tanto la Cámara de Diputados como el Senado podrán revertir la situación, pero deberán contar con dos tercios de los votos.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran fiscalmente “irresponsables” y que, en algunos casos, no se detallaba de dónde saldrían los recursos económicos para financiarlas.

Desde Casa Rosada estimaron que las tres leyes implicaban un gasto adicional de $7.000.000.000.000 para el 2025, lo que representa a un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI); mientas que para el año próximo la cifra se elevaba a $17.000.000.000.000, un 1,68% del PBI.

“Las medidas sancionadas por Congreso conllevarían un aumento de aproximadamente el 6% del gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente en términos anuales. Aumentaría en forma significativa e irresponsable las erogaciones del Estado Nacional sin la correspondiente generación de recursos”, señaló el decreto.

Y, antes de observar “en su totalidad” las leyes N° 27.791, N° 27.792 y N° 27.793, apuntó: “La responsabilidad asumida por el Poder Ejecutivo, luego de décadas de inflación desmedida y descuido de las cuentas públicas, requiere lograr el equilibrio fiscal y el cuidado de los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional”.

Desde Casa Rosada también argumentaron que el proceso de aprobación en el Senado estuvo “viciado por graves nulidades”. Señalan que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con una mayoría simple cuando se requerían dos tercios, debido a una “ilegítima interpretación del reglamento”.

¿Qué proponían las leyes vetadas?

• Ley Nº 27.791. Establecía un aumento del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y elevaba el bono a $110.000 (actualmente es de $70.000). Para financiar estos incrementos, se proponía cobrar el Impuesto al Valor Agregado a los directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas, y a los cargos equivalentes de administradores y miembros de consejos de administración de otras sociedades, asociaciones, fundaciones y cooperativas.

• Ley N° 27.792. Restablecía una moratoria previsional por el plazo de dos años, es decir, creaba un plan de pago de deuda previsional para las personas que estaban en edad de jubilarse pero no cumplían con los treinta años de aportes. También modificaba el régimen de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam): la edad mínima de las mujeres para acceder al beneficio pasaba de 65 a 60 años, mientas que su cobro podía ser compatible con otras prestaciones e ingresos laborales.

• Ley N° 27.793. Declaraba la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, creaba la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, cuyo monto debía ser del 70% del haber mínimo jubilatorio y sus beneficiarios tendrían garantizada la atención médica, con cobertura de prestaciones básicas. También establecía una compensación de emergencia para los prestadores, teniendo en cuenta la diferencia entre los aumentos de aranceles aprobados desde el 1° de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024 y la inflación registrada en dicho período. Asimismo, se disponía que el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral determinara el valor de las prestaciones a partir del 1° de enero de 2025, las cuales iban a tener actualizaciones arancelarias mensuales.

Milei sacó la calculadora

El decreto también estimó cuánto le costará al Estado Nacional poner en marchas las diferentes leyes:

• Aumento jubilatorio del 7,2%: incrementaría el gasto público en $1.979.537.600.000, lo que equivale al 0,24 % del PBI para el actual ejercicio; mientras que, para el 2026, aumentaría el gasto en $4.200.200.300.000, un 0,42% del PBI.

• Bono de $110.000: su implementación para lo que resta de este año conllevaría una erogación de aproximadamente $1.303.509.600.000, es decir, el 0,16% del PBI. Asimismo, para el año entrante implicaría un aumento del gasto de $3.246.650.000.000, que equivale al 0,33% del PBI.

• Ley Nº 27.791: este año implicaría un incremento de las erogaciones de aproximadamente $4.456.676.100.000, equivalente al 0,54% del PBI. Para el año que viene implicaría un gasto de $8.900.595.600.000, es decir, el 0,89% del PBI.

• Moratoria Previsional: implicaría erogaciones estimadas en $156.169.600.000 para el 2025, equivalente al 0,02% del PBI; y de $1.172.832.200.000 en 2026, equivalente al 0,12% del PBI.

• Cambios en la Puam: conllevarían un aumento del gasto de $148.513.600.000, equivalente al 0,02% del PBI para el 2025; y $704.506.400.000, equivalente al 0,07% del PBI, para el año que viene.

• Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social: aumentaría el gasto en aproximadamente $2.166.985.900.000 para el 2025, lo que equivale al 0,26 % del PB; y en el 2026 el desembolso sería de $4.706.628.500.000, lo que representa un 0,47% del PBI.

• Ajuste de aranceles a prestaciones: el impacto sería de $278.323.000.000, lo que equivale a un 0,03% del PBI.