Gremios estatales afirman que el Gobierno no podrá aplicar el protocolo de seguridad durante la movilización

El Frente de Sindicatos Estatales participará de la marcha hacia Plaza de Mayo organizada por la CGT y las dos CTA, en contra de la reforma laboral que busca imponer el Gobierno de Javier Milei.

Al respecto, el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, consideró durante un encuentro de esa organización gremial que la iniciativa oficial es «esclavista» y que el debate exprés en el Congreso no puede avanzar.

Asimismo, el dirigente gremial cuestionó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y sostuvo que el protocolo de seguridad anunciado es inconstitucional y que no podrá aplicarse ante la masividad de la protesta.

Durante el encuentro realizado en el Hotel Héctor Quagliaro, sede del sindicato, Aguiar, fue contundente al cuestionar a Monteoliva: “La nueva ministra vende humo con el protocolo. Sabe perfectamente que el 18 no lo podrá aplicar. No solo por la masividad que tendrá la marcha, sino por su inconstitucionalidad”, afirmó.

“Ella y el Gobierno serán los únicos responsables por cualquier hecho trágico que haya que lamentar”, sostuvo, al tiempo que confirmó que ATE también realizará protestas en todas las provincias, con acciones focalizadas en las casas de Gobierno.

Además, expuso: “Ya son varios los organismos internacionales que denuncian en la Argentina un uso excesivo y abusos de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones. No vamos a permitir que sigan pasando límites”.

“Esta reforma laboral esclavista no puede pasar. No podemos permitir el debate exprés que pretenden dar en el Congreso. La única manera de acumular fuerza que tenemos los trabajadores es estando en la calle. Esto se resuelve en la calle”, afirmó.

Desde ATE recordaron que el sindicato ya había anticipado medidas de fuerza incluso antes de conocerse el texto definitivo del proyecto.

Según señalaron, con solo conocer “a sus autores y su gestión” se podía prever el impacto negativo sobre los trabajadores, aunque advirtieron que el contenido final “terminó siendo aún peor de lo previsto”, según destacó el sitio especializado Info Gremiales.

El comunicado también advierte sobre las consecuencias concretas que tendría la reforma en el sector público. Según detalló el gremio, los cambios afectarían a más de 70.000 agentes de organismos que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, ya sea de manera total o supletoria.

Además, denunciaron que la modificación de la no presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo busca “perpetuar el fraude laboral” tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios.