Faccendini pidió «sensatez», cuestionó la privatización de AySA y advirtió sobre los efectos en la salud
El doctor en Ciencias Sociales y miembro de la Cátedra del Agua y del Centro Universitario del Agua de la UNR sostuvo que el servicio debe permanecer en manos del Estado. También fundamentó sus críticas basado en las privatizaciones de los años 90 y alertó sobre el impacto de las tarifas, la falta de inversiones y la calidad del agua.
El doctor en Ciencias Sociales, Director de la Cátedra del Agua y miembro del Centro Universitario del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Aníbal Faccendini, manifestó su preocupación por la intención del gobierno nacional de avanzar en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en la Cámara de Diputados.
Faccendini explicó a Conclusión, que desde el Centro Universitario del Agua buscan rechazar la privatización por motivos técnicos, científicos y sociales. “Cuando decimos esto, tenemos fundamentos, hemos escrito libros sobre la problemática que nos recuerda, como siempre, a los años 90, a las privatizaciones que fueron inconducentes y, aparte, generaron lesiones en el cuerpo social”, afirmó.
El especialista remarcó que el acceso al agua potable debe ser considerado “un derecho humano y tiene que estar en manos públicas”, sostuvo. En ese sentido, agregó: “El agua es un bien común y no puede estar a merced de las leyes del mercado”.
Faccendini comparó la importancia del agua con otros bienes y servicios de uso cotidiano. “Se puede vivir un mes o varios días sin celular, pero no puedo estar más de tres días sin tomar agua potable y segura?”, planteó.
También cuestionó los resultados de experiencias privatizadoras anteriores «como fue el tema de Aguas Argentinas allá en los 90, o Aguas Provinciales de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, o Aguas de la Conquija, en Tucumán, o también la privatización del agua en la provincia de Buenos Aires, fueron un fracaso rotundo”, expresó.
Según el integrante del Centro Universitario del Agua, esas concesiones no cumplieron con las obras comprometidas ni generaron mejoras para la población. “No generaron las obras que se habían prometido, no generaron bienestar para la población”, señaló.
La expansión de las redes y el acceso según la capacidad de pago
Entre sus principales cuestionamientos al proyecto de privatización de AySA, Faccendini dudo sobre la posibilidad de que las empresas prioricen las zonas no rentables ya que «no expandirían las redes de agua potable en aquellos lugares que no tuvieran capacidad económica para responder a ello”, advirtió.
Para el especialista, esa lógica implicaría transformar el acceso al agua en una cuestión de rentabilidad. “La concepción de cosificar el agua como si fuera un producto más del mercado es devastador”, afirmó.
En ese marco, remarcó la relación entre las inversiones en agua potable y la prevención de enfermedades. “Por cada euro que se invierte en agua, se evita el gasto en salud de 23 euros”, sostuvo.
Y agregó: “Se limita a una cuestión meramente mercantilista la extensión de redes de agua, evidentemente te vas a encontrar con población que va a tener afectada la salud”.
Críticas a las privatizaciones de los años 90
Faccendini recordó la experiencia de Aguas Argentinas, vinculada al grupo Suez, y cuestionó la falta de controles y sanciones por parte del Estado durante la década de 1990. “El Estado no sancionó al grupo francés, cuando se la tendría que haber sancionado y haber rescindido el contrato de esa época neoliberal”, afirmó.
Roberto Dromi junto a Carlos Menem, quien firmó el marco legal que dio inicio a la ola de privatizaciones en Argentina mediante la promulgación de la Ley de Reforma del Estado N.º 23.696
En el mismo sentido, Faccendini recordó que la empresa no habría cumplido con las inversiones ni con la expansión de las redes comprometidas. “Era un negocio financiero y no de servicio público y un alto nivel también de corrupción”, sostuvo.
También cuestionó el esquema de tarifas utilizado por las empresas privatizadas. “Las tácticas siempre eran las mismas: bajos precios para ganar en la competencia, ganaban y empezaban a exigir aumento de tarifas”, explicó.
La calidad del agua y los riesgos para la salud
Otro de los aspectos que generó preocupación a Faccendini, fue la calidad del agua que podría distribuirse bajo un esquema privatizado.
“Si no te llega el agua tenés problemas porque potencia los gastos en salud, pero si te llega y te llega en condiciones que no son las aptas para el consumo humano, tenés otro problema también que le agregás al mismo suministro del servicio”, advirtió.
En ese sentido, consideró que el Estado debe garantizar tanto la prestación como los controles de calidad. “No hay garantía en el producto, como está pasando, se han hecho tan laxos los controles que cualquiera está vendiendo cualquier cosa”, manifestó.
Tarifas, contratos y el CIADI
Faccendini también cuestionó la posible consolidación de beneficios para la empresa a través de los cuadros tarifarios y de cláusulas contractuales que podrían habilitar reclamos ante tribunales internacionales. “Esta es una reproducción de los años 90”, afirmó, y recordó que durante ese período el Estado argentino firmó numerosos tratados bilaterales de inversión.
“Cada vez que venían inversiones, era más lo que sacaban que lo que ponían, y por el otro lado, una vergüenza porque renunciaron a la jurisdicción argentina”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó el funcionamiento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). “El CIADI es un tribunal vital que depende del FMI y del Banco Mundial, de las dos entidades, y es totalmente parcial”, expresó.
Para el especialista, este tipo de mecanismos favorece a grandes grupos económicos y limita la capacidad del Estado argentino para defender sus propios intereses.
“AySA debe ser argentina y pública”
Finalmente, Faccendini explicó que las organizaciones vinculadas al agua impulsarán acciones de visibilización y contacto con la sociedad para advertir sobre las consecuencias de la privatización. “Nosotros queremos avanzar es un proceso de visibilización, fuerte conexión con la sociedad para ponerla al tanto de la gravedad de esta situación, porque es la empresa más grande que tiene la Argentina de agua”, señaló.
CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones)
También reclamó una postura más firme por parte de los trabajadores y de las autoridades de AySA. “Nos gustaría también que la dirección del sindicato, los miembros de AySA, salieran con más contundencia a defender que esta empresa debe ser argentina, pública y al servicio del bien común”, afirmó.
Finalmente, Anibal Faccendini, remató: “Las empresas públicas tienen que responder a los intereses, al bienestar de la gente y no haciendo negocios unos pocos con el bolsillo de muchos argentinos y argentinas y con la salud, en muchos casos, de muchos argentinos y argentinas”.