A inicios de marzo el Ministerio de Capital Humano anunció a través de las redes sociales el cierre de todos los Centros de Referencia que funcionan en el país. Este viernes, y ante la incertidumbre laboral, trabajadores realizaron un abrazo solidario para rechazar el desmantelamiento.
El próximo titular del Ejecutivo nacional destactó que, en este marco, la única que podrá "gastar de más" será la ministra de Capital Humano, que tendrá que asistir a los sectores más vulnerados por las medidas de shock que se aplicarán a partir del 10 de diciembre.
La devolución comprende a un 15% del valor de compra, y es válido para los consumos en farmacias y comercios como supermercados, almacenes y kioscos. En estos últimos, la medida solo tiene impacto cuando se trata de productos alimenticios.
Los condiciones para acceder al refuerzo son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial, no percibir ingresos formales ni estar en relación de dependencia, y no ser tampoco titular de jubilaciones, pensiones, planes, programas o prestaciones de seguridad social.
De esta manera, el titular del Ejecutivo hizo alusión al discurso que pronunció en un plenario de la CTA la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien consideró que "el Estado nacional debe recuperar el control de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas".
El recinto tuvo una discusión con foco en la forma en la que está estructurada la asistencia alimentaria en Rosario, los niveles de transparencia en el reparto de recursos, el valor territorial de las organizaciones sociales y críticas a la intermediación de punteros.
Los proyectos fueron presentados en el Concejo tras el allanamiento de la vivienda de Ariel Máximo "el Viejo" Cantero, donde se encontraron cajas de alimentos del plan Cuidar con el sello de la Municipalidad.
La decisión forma parte de la batería de medidas económicas definidas por el Gobierno nacional en los últimos días, destinadas a mejorar la situación de los sectores afectados por la recesión económica y el impacto de la emergencia sanitaria.
El reclamo busca exigirle al Gobierno que otorgue planes de asistencia social para los nuevos desocupados y aumente los haberes de los programas que ya se otorgan.
Se trata de uno de los mecanismos de asistencia social más directos de la actual red de contención, pero su valor prácticamente se licuó y hoy está en $300 por persona. Infructuosa reunión este jueves entre dirigentes sociales y funcionarios provinciales.