El objetivo de la ley es «asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados», con sanciones que van desde multas hasta la clausura por 30 días de los establecimientos.
Así lo aprobó el Gobierno con el fin de «asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados».
La Justicia confirmó una sanción impuesta por la Dirección Nacional de Comercio Interior a la cadena de supemercados porque en las góndolas no estaban bien ordenadas las obleas que indican el nombre de los productos y el precio de los mismos.
