A través de un decreto, el Gobierno de Javier Milei redujo de 9% a 0,3% el porcentaje de recaudación del Impuesto PAÍS destinado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Estos fondos financiaban el acceso a servicios de agua, cloaca, veredas y anexiones seguras de electricidad, entre otros.
En las 119 villas de Rosario, el 92% está enganchado a la luz, mientras que nueve de cada diez no tienen cloacas en sus casas.
El proyecto que declara la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental en esos territorios obtuvo el respaldo del oficialismo y de la oposición.
En la sesión de este miércoles, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto de ley que suspende por diez años los desalojos, y que promueve el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Se trata de la reforma a la ley de integración socio urbana de barrios populares, El legislador santafecino impulsa fuertemente las modificaciones a la norma y destaca que tiene el carácter de necesidad imperiosa.
La iniciativa del Poder Ejecutivo comenzó a discutirse la semana pasada y propone ampliar la norma sancionada en 2018 para declarar de utilidad pública a 1.176 nuevos barrios.
El proyecto de reforma de la Ley 27.453 alcanza a cerca de 1.200.000 de familias que viven en barrios populares en Argentina, que representa unos cinco millones de personas, es decir, más del 10% de la población total del país.
Así lo estableció el Decreto 274/2022, publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y todo el gabinete nacional.
Durante el encuentro, que se realizó de manera presencial y virtual, Arroyo destacó la importancia de consolidar el registro ampliando la fecha límite de conformación de los barrios e incluyendo aquellos anteriores al 31 de diciembre de 2018.
Luego de la prórroga por 180 días del fallo que pretendía desalojar a las 500 familias del barrio del suroeste rosarino, los vecinos pretenden conformar una mesa de dialogó junto al municipio, Provincia y Nación, para llegar a la audiencia del 15 de febrero de 2021 con un proyecto consistente y hacerse legalmente de las tierras que habitan hace 40 años.