El Gobierno envió al Congreso una amplia y profunda reforma del Estado que contempla la privatización de 41 empresas públicas; cambios en el sistema electoral; reformas tributarias; un nuevo mecanismo para actualizar las jubilaciones y pensiones; y restricciones a las manifestaciones de protesta, en un texto de 664 artículos.
El caso se suma al de otra automotriz a la que se le constataron las mismas irregularidades.
Se trata del Programa de Monitoreo Fiscal que busca generar un clima de riesgo para el contribuyente que no cumple voluntariamente con sus obligaciones.
El presupuesto santafesino contempla gastos totales por $1.87 billones, superávit fiscal de $2.120 millones, crecimiento económico del 2% y una inflación del 60%.
La decisión se adoptó este miércoles en una reunión de ese grupo parlamentario asesor -que preside Carlos Heller (FDT)- en cuyo transcurso también recibieron dictamen el proyecto de ley de cardiopatías médico y la reforma de la ley de feriados para que se declare inamovible el 17 de Agosto.
Se emitió despacho en la Comisión de Presupuesto tras el debate entre los legisladores y la exposición de la subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Claudia Ballestrini, quien expuso los motivos por los cuales el Gobierno nacional requiere la sanción de esta iniciativa.
La comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio vía libre para que el pleno de la cámara trate el entendimiento en su próxima sesión.
El Gobierno de Córdoba envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2022: mientras que el inmobiliario urbano y rural subirán en promedio un 41% y 57%, el tributo al automotor aumentará un 42%. En tanto, los sueldos de estatales aumentarán un 33%.
La presentación subraya la "responsabilidad penal" y la "gravedad política e institucional" de los dichos del expresidente, porque "atentan contra un bien jurídico tutelado, la recaudación impositiva, base de los recursos del Estado y, más aún, contra el Estado mismo".
La responsable del organismo, Silvia Traverso, que responde a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), advirtió que las operaciones denunciadas resultaban en el retaceo del ingreso de divisas al mercado cambiario.
La ley, promulgada por el Poder Ejecutivo el 6 de noviembre de 2020 exime del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado.
Durante la sesión remota de este jueves, también se aprobó el apoyo al pedido de inquilinos de extender el plazo de vigencia del decreto que congela los alquileres y prohíbe desalojos.